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Sucesos
martes 27 de diciembre de 2016, 01:00

Fiscala imputa a un ex vendedor y a abogada por estafas a docentes

Los docentes, sin saber, habían firmado varios pagarés por millonarias sumas que luego la abogada cobraba mediante juicios ejecutivos en un Juzgado de Paz de Santísima Trinidad, con descuentos en los haberes.

La fiscala Teresa Sosa presentó imputación contra dos personas que supuestamente tuvieron implicancia en la estafa perpetrada contra varios docentes del Ministerio de Educación y Cultura (MEC), a quienes se les descontó de sus sueldos en forma irregular una suma total de G. 53.515.000.

Los imputados son Jesús Ariel Sánchez y Martha Elizabeth Manzoni Penayo. Según la denuncia, Sánchez les habría hecho firmar pagarés a los maestros, documentos que luego fueron entregados a la imputada para su cobro por la vía judicial.

La agente fiscal pidió al juzgado la aplicación de medidas cautelares contra los sospechosos. Sosa sostiene que los docentes se dieron cuenta de que sus haberes depositados en el Banco Nacional de Fomento habían disminuido considerablemente. Solicitaron sus extractos al ente y cuando los tuvieron en mano cayeron en la cuenta de los embargos que tenían encima, y como derivación de juicios ejecutivos promovidos por la ahora imputada ante el Juzgado de Paz Multifueros del 2º Turno de Santísima Trinidad, a cargo del juez Alejandro Peña Yegros.

Los docentes denunciaron que Sánchez, ex vendedor de la empresa Industriales del Sur (Insur) les habría hecho firmar pagarés y entregado a Manzoni. Sánchez había hecho rubricar bajo engaños a los denunciantes las autorizaciones de descuento y órdenes de pago por valor de G. 7.645.000 a cada docente.

DIEZ MIL. Según la fiscala, este es parte del lote de aproximadamente diez mil docentes estafados. "Existen docentes que contrajeron deudas con esta empresa y que era Ariel Sánchez quien les hizo firmar, aparte del motivo del negocio, unos pagarés de sumas importantes que le fueron entregados posteriormente a la abogada Martha Manzoni, quien pidió la ejecución de las deudas", explicó Sosa.

Este hecho constituye una estafa, según la investigación, ya que las personas que contrajeron la deuda no sabían que firmaron un pagaré por millonarias sumas que supuestamente fueron cedidas por la empresa Insur.

Según las denuncias, existen endeudamientos de 33 días que alcanzan un interés del 14.238%. Ocurre que un docente que debe G. 500.000, termina pagando G. 6.500.000.

Teresa Sosa anunció que existen otras denuncias que están analizando y que sería el mismo modus operandi de las anteriores; aparte de la estafa, también se investiga usura, producción de documentos no auténticos y testimonios falsos, afirmó Sosa.