28 mar. 2024

Fiscala cajoneó dos años la causa

La fiscala Silvia Cabrera, actualmente encargada de la Unidad Penal N° 17 de Asunción, había sido designada para que investigue la denuncia presentada por la Secretaría de Prevención del Lavado de Dinero (Seprelad), quien recibió a su vez 253 operaciones sospechosas por entidades bancarias.

Juan Marcelo García,  fiscal.

Juan Marcelo García, fiscal.

Sin embargo, el caso estaba cajoneado y no se habrían realizado diligencias al respecto, a pesar de que la causa data del año 2014.

La representante del Ministerio Público incluso fue cambiada en setiembre pasado por Javier Díaz Verón y en su lugar fue reasignada la fiscala Claudia Morys. Esta fue la que decidió junto a sus colegas Hernán Galeano y José Dos Santos realizar los múltiples allanamientos en las empresas de fachada en CDE.

El fiscal adjunto de Delitos Económicos y Anticorrupción, Federico Espinoza, comentó que se realizaron diligencias, pero que se trata de un caso sumamente complejo, por eso se demoró en realizar imputaciones.

Cabrera también tenía a su cargo el caso de los cobros irregulares de viáticos en la Justicia Electoral, hace 7 meses se abrió de oficio una carpeta por investigaciones periodísticas de este medio, pero a la fecha tampoco se registran imputaciones.

Por otra parte, el fiscal de Marcas de Ciudad del Este, Juan Marcelo García de Zúñiga fue denunciado por el abogado Lelis Olmedo en el 2013 por liberar cargas de mercaderías presuntamente de contrabando y falsificadas.

Más contenido de esta sección
Las ventas al público en los comercios pyme de Argentina cayeron un 25,5% interanual en febrero pasado, golpeadas por la pérdida de poder adquisitivo de los consumidores a causa de la elevadísima inflación, y acumulan un declive del 27% en el primer bimestre del año, según un informe sectorial difundido este domingo.
El mandatario decidió crear el fondo nacional de alimentación escolar esperando un apoyo total, pues quién se animaría a rechazar un plato de comida para el 100% de los niños escolarizados en el país durante todo el año.
Un gran alivio produjo en los usuarios la noticia de la rescisión del contrato con la empresa Parxin y que inmediatamente se iniciaría el proceso de término de la concesión del estacionamiento tarifado en la ciudad de Asunción. La suspensión no debe ser un elemento de distracción, que nos lleve a olvidar la vergonzosa improvisación con la que se administra la capital; así como tampoco el hecho de que la administración municipal carece de un plan para resolver el tránsito y para dar alternativas de movilidad para la ciudadanía.
Sin educación no habrá un Paraguay con desarrollo, bienestar e igualdad. Por esto, cuando se reclama y exige transparencia absoluta en la gestión de los recursos para la educación, como es el caso de los fondos que provienen de la compensación por la cesión de energía de Itaipú, se trata de una legítima preocupación. Después de más de una década los resultados de la administración del Fonacide son negativos, así como también resalta en esta línea la falta de confianza de la ciudadanía respecto a la gestión de los millonarios recursos.
En el Paraguay, pareciera que los tribunales de sentencia tienen prohibido absolver a los acusados, por lo menos en algunos casos mediáticos. Y, si acaso algunos jueces tienen la osadía de hacerlo, la misma Corte Suprema los manda al frezzer, sacándolos de los juicios más sonados.
Con la impunidad de siempre, de toda la vida, el senador colorado en situación de retiro, Kalé Galaverna dijo el otro día: “Si los políticos no conseguimos cargos para familiares o amigos, somos considerados inútiles. En mi vida política, he conseguido unos cinco mil a seis mil cargos en el Estado...”. El político había justificado así la cuestión del nepotismo, el tema del momento.