EFE
BUENOS AIRES - ARGENTINA
La Fiscalía argentina pidió a la Justicia que se llame a indagatoria a la ex presidenta Cristina Fernández en una causa que investiga presuntas irregularidades en la concesión de obras públicas durante el kirchnerismo, informaron ayer fuentes judiciales.
El fiscal federal Gerardo Pollicita, quien trabaja conjuntamente con el procurador Ignacio Mahiques, solicitó al juez Julián Ercolini que emita orden para que la ex mandataria declare por presunta administración infiel y negociaciones incompatibles con la función pública junto a otros 33 acusados, en un dictamen difundido por el portal de información de las Fiscalías argentinas. También solicitan al juez que dicte “la inhibición general de bienes” para los implicados.
MAYORES INVERSIONES. Desde la acusación pública ven indicios de que existió un plan para realizar millonarias obras públicas en la provincia de Santa Cruz que beneficiaron al empresario Lázaro Báez, actualmente detenido y estrecho colaborador del fallecido ex presidente Néstor Kirchner. “Los ex presidentes de la nación escogieron a Santa Cruz como destinataria de las mayores inversiones en materia de obra pública vial en desmedro de las restantes. Dotaron al Ministerio de Planificación y a la Dirección Nacional de Vialidad de una importantísima cantidad de fondos para que se gastaran en ese concepto”, alegan los fiscales en el texto.
Además, “hicieron caso omiso a las recomendaciones y sugerencias de la Auditoría General de la Nación en donde advertían sobre esta matriz de comportamiento, erigieron a su amigo personal como empresario”, añaden. Para los fiscales, el entonces ministro de Planificación Federal, Julio de Vido (para quien también piden indagatoria), y los funcionarios de su cartera otorgaron permisos irregulares de obra a favor de las empresas de Lázaro Báez. Por ello, consideran “acreditado que las maniobras entran en contradicción con el deber de cuidar los intereses patrimoniales del Estado nacional que poseían los funcionarios públicos acusados y autorizan a sostener el efectivo perjuicio patrimonial que sufrió el estado como consecuencia de las cuantiosas irregularidades toleradas y alentadas”.
