Por Raúl Ramírez Bogado
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El juez federal argentino, Dr. Enrique V. Lavie Pico, dio trámite a la demanda civil planteada por el Instituto Paraguayo Amigos de los Niños, Adolescentes y Jóvenes (IPAN), donde se pide la nulidad del Tratado contra la Triple Alianza y una indemnización para el Paraguay de 150 billones de dólares.
El magistrado rioplatense, según informó el abogado Eduardo Lezcano –uno de los que presentó la acción–, corrió vista previa a la Fiscalía Federal Argentina, para que se expida sobre la competencia del Juzgado para juzgar o no la demanda.
Sin embargo, el fiscal Federal N° 5, Dr. Leonel Gómez Pardilla, en su dictamen, solicitó que se le corra traslado de toda la demanda, para poder expedirse al respecto.
Además, requirió que se cumpliera el Decreto Ley 1258/58, donde solicita se libre oficio al Ministerio de Relaciones Exteriores y Culto, para que requiera a los representantes diplomáticos del Brasil y del Uruguay si dan o no su conformidad para someterse a la jurisdicción argentina.
CUMPLIDO. El 15 de mayo pasado, el abogado Juan Carlos Muro Segovia cumplió con las copias de traslado para remitir al fiscal.
Además, el profesional solicitó se libre el correspondiente oficio vía Cancillería argentina para hacer la consulta al Brasil y al Uruguay de la demanda planteada por la ONG paraguaya.
Se consultará a los gobiernos demandados si aceptan la competencia de la Justicia argentina para juzgar la demanda promovida.
Con ello, de acuerdo con el abogado Lezcano, por lo menos ya se dio trámite a la acción, y no fue rechazada in límine por el juez, sino que entiende que existen fundamentos en la petición de anular el Tratado que conformó la Triple Alianza de Argentina, Brasil y Uruguay, en la guerra contra el Paraguay.
COMPETENCIA. Los demandantes señalan que el juez federal argentino es competente, porque se reclamó sobre daños y perjuicios causados por el Tratado de la Triple Alianza Secreta y su protocolo anexo.
Alegan que estos documentos fueron firmados por los gobiernos demandados en la ciudad de Buenos Aires, República Argentina, el 1 de mayo del año 1865.
Dicen que al formalizarlos, los países incurrieron en crímenes de genocidio, de guerra y de lesa humanidad, contra el pueblo paraguayo.
Con la nulidad del Tratado de la Triple Alianza, también se había pedido anular actos posteriores, como son los tratados de límites de los aliados con el Paraguay, luego de la conflagración bélica, más la indemnización por la suma de 150 billones de dólares.
Ahora, hay que dejar que el caso siga su curso.
