Ferreira, destituido por el Jurado de Enjuiciamiento de Magistrados (JEM), brindó una entrevista a ÚH y mencionó que “va a aluchar hasta el final”. “Mi remoción es injusta, arbitraria y totalmente desproporcional”, dijo. Igualmente, resaltó que va a solicitar una medida cautelar a la Sala Constitucional de la Corte para continuar en funciones.
El representante del Ministerio explicó que realmente no sabe los motivos que llevaron a su destitución en un caso de invasión de inmueble ocurrido en el 2008, decidida por los miembros del JEM, Óscar González Daher, Óscar Tuma, Cristian Daniel Kriskovich, Adolfo Ferreiro y Eusebio Alvarenga (Adrián Salas, Gladys Bareiro de Módica y Raúl Torres Kirmser votaron por el no). Refirió que le parece sugerente, debido a que sale a la luz ocho años después, por lo que no descarta que pudiera haber conexión con los casos de narcotráfico que lleva.
“Yo no sé quién o quiénes serían los artífices de este hecho, pero es muy sugerente (...), teniendo en cuenta que justo ahora realizamos investigaciones de grupos criminales que hacen al lavado de dinero y al narcotráfico”, señaló.
Añadió que constantemente son intimidados y reciben bastante presión por parte del órgano juzgador, como lo hicieron otros fiscales en la semana. “Existen la intimidación y la presión por parte del JEM, pero no las llevamos en cuenta, ya que tenemos convicciones profundas con mis colegas antidrogas, más aún recibiendo el apoyo incondicional de nuestro superior el adjunto Marcos Alcaraz”, expresó.
Argumento. El JEM sacó a Ferreira en octubre del año pasado, alegando que no habría dado cumplimiento a reglas esenciales de los actos de investigación de la etapa preparatoria y no haber ejecutado una orden judicial emanada del Juzgado, omitiendo el impulso del procedimiento.
Ante estos cuestionamientos Ferreira comentó que realmente hubo una omisión al no firmar declaraciones indagatorias y testimoniales, no obstante, explicó que se trata de una cuestión que no perjudicó a la cuestión de fondo (invasión de inmueble), denunciado por Maurice Christian.
En cuanto al segundo punto, dijo que no podía cumplir la orden del juez para desalojar a 33 familias del barrio El Progreso, ubicado en Villa Hayes, ya que no se acreditó la titularidad del denunciante ante esas tierras, en base a informes remitidos por el Indert y la Municipalidad. Incluso acotó que si le hubiera dado andamiaje al desalojo, sí iba a cometer un hecho punible, la persecución de inocentes.
Asimismo, reiteró que una falta de firma en una indagatoria o testimonial no tiene la fuerza de destituir a un agente. “Se corroboró la cuestión de fondo que no hubo invasión”, afirmó el fiscal, quien también argumentó que la lectura que da la institución reguladora es ilógico.
“Ahora los fiscales deben dar más énfasis en casos netamente formales y no ir a investigar si se cumplió o no el delito para no ser removidos”, enfatizó.
También mencionó que el diputado Óscar Núñez en setiembre de 2013 planteó un proyecto de ley para expropiar el inmueble, a través de la Secretaría de Acción Social (SAS), para 32 familias.
El Congreso sancionó dicha propiedad a favor de los pobladores, ante esa decisión la Fiscalía General del Estado dictaminó en diciembre de 2013 que no hubo dolo, a raíz de que los ocupantes del inmueble declararon que la propiedad no pertenecía a nadie.
Ferreira agregó que su colega Armin Echeguren, designado a su anterior cargo, requirió desestimar la causa.
Acción. El antidrogas aseveró que el próximo lunes presentará la acción de inconstitucionalidad. “Voy a recurrir ante la Corte, de modo a que los ministros dicten una medida cautelar para que pueda continuar realizando mi trabajo normal”, expresó.
Finalmente dijo que le da la razón a Adrián Salas ante sus afirmaciones a los medios de prensa al decir que el JEM (donde es miembro por el Consejo de la Magistratura) “destituye a los honestos y defiende a los corruptos”.
