La apelación fue presentada ayer por el fiscal anticorrupción Luis Piñánez. Ahora, un Tribunal de Apelaciones deberá estudiar si Martínez, quien en los últimos ocho años estuvo suspendido en su cargo como magistrado, irá o no a una nueva audiencia preliminar.
El pasado 11 de julio la jueza Lici Teresita Sánchez declaró la extinción de la acción penal por el transcurso del tiempo sin que haya una sentencia firme. De hecho, en ocho años el caso nunca llegó ni siquiera a un juicio oral. Con la extinción, la magistrada también dictó el sobreseimiento de su colega.
El argumento de la apelación presentada por el fiscal es que al momento de computar el plazo transcurrido, la jueza no tomó en cuenta que el caso estuvo varado dos años y diez meses en la Corte Suprema de Justicia por un recurso de casación planteado por el Ministerio Público.
De esta forma, según la Fiscalía, la extinción no corre, ya que la casación paralizaría los plazos.
INVESTIGACIÓN. El caso data de marzo del 2006, cuando el entonces fiscal Arnaldo Giuzzio imputó al juez por cohecho pasivo. De acuerdo a la investigación, un funcionario del juzgado de Martínez pidió en nombre del juez 500 dólares supuestamente para dictar el arresto domiciliario para un procesado por homicidio culposo. La acusación presentada por la Fiscalía afirma que el funcionario estaba siguiendo órdenes de Martínez, quien negó desde un principio haber estado involucrado en el caso.
En los ocho años que duró hasta ahora su proceso, Martínez fue suspendido, pero siguió cobrando su salario regularmente.
