La causa inició a raíz de la denuncia de dos docentes, José Darío Bazán Cabrera y Fátima Isabel Fleitas Valdez, que observaron que sus haberes depositados en el Banco Nacional de Fomento habían disminuido considerablemente, y luego de recabar los informes sobre el particular, se enteraron de que habían sido objeto de un juicio ejecutivo promovido por Salinas Pastore y Martínez Galeano.
Los letrados, en total cobraron 18 millones de guaraníes de la cuenta de los denunciantes.
Incluso, los maestros declararon que no conocían a los letrados.