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Mundo
jueves 30 de marzo de 2017, 10:12

Fiscal desestima investigación contra el presidente de Perú por el caso Odebrecht

Lima, 30 mar (EFE).- Un fiscal desestimó un pedido de la Procuraduría del Estado para que se abriera una investigación contra el presidente de Perú, Pedro Pablo Kuczynski, por el caso de los sobornos de la empresa brasileña Odebrecht, informaron hoy fuentes judiciales.

"Antes de tomar la decisión, el fiscal ha hecho algunas indagaciones, entre ellas el pedido a la UIF (Unidad de Inteligencia Financiera); luego de ver el informe, es contundente que no hay ningún sustento para la denuncia de la Procuraduría", informó una fuente fiscal al diario Perú 21.

Según la información, la decisión fue tomada el miércoles por el fiscal Carlos Puma, de la Segunda Fiscalía Supraprovincial especializada en delitos de lavado de activos.

La Procuraduría Ad Hoc que investiga los presuntos sobornos otorgados por empresas brasileñas en el país, incluida Odebrecht, había solicitado al fiscal de la Nación, Pablo Sánchez, que se iniciara una "investigación preliminar" contra Kuczynski "por supuestas operaciones sospechosas".

La procuradora Katherine Ampuero presentó el pedido a partir de reportajes periodísticos y consideró que existían "supuestas operaciones sospechosas y supuestos aportes de la empresa Odebrecht Latinvest Perú a favor de la empresa Latin America Enterprise, la cual estaría vinculada al señor presidente".

La información difundida hoy agregó que a inicios de este mes la UIF negó haber detectado transferencias ilícitas de Odebrecht Latinvest Perú a Latin American Enterprise Fund, una empresa a la que el gobernante peruano estuvo vinculado varios años antes de su mandato, que comenzó en julio del año pasado.

"Hoy (miércoles) se ha notificado a las procuradoras sobre el archivamiento de la investigación a PPK sobre este tema", indicó otra fuente fiscal. "Es una denuncia sin sustento de parte de la Procuraduría", concluyó la fuente fiscal.

Odebrecht es investigada en Perú tras haber admitido ante la Justicia de Estados Unidos que entregó 29 millones de dólares entre 2005 y 2014 para adjudicarse obras públicas, en un periodo que comprende los gobiernos de Alejandro Toledo (2001-2006), Alan García (2006-2011) y Ollanta Humala (2011-2016).