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Mundo
martes 19 de julio de 2016, 01:00

Firmar por revocatorio a Maduro deja sin empleo a funcionarios públicos

AFP

CARACAS, VENEZUELA

“Usted sabrá qué hizo”, le dijeron a Eva Belloso al notificarle su despido de una entidad pública en Venezuela. La verdadera razón, dice, fue haber firmado por un referendo revocatorio contra el presidente Nicolás Maduro.

Ella es una de los 1.250 empleados estatales destituidos por respaldar la consulta promovida por la oposición, según el sindicato Unete, que denunciará esos casos ante la Organización Internacional del Trabajo (OIT).

“Estamos solicitando la intervención inmediata del director general de la OIT (Guy Ryder)”, dijo a la AFP la coordinadora de la Unión Nacional de Trabajadores (Unete), Marcela Máspero.

Aduciendo que se trata de una “discriminación laboral”, los denunciantes buscarán ante la OIT la restitución de los funcionarios.

“Había estado toda mi vida profesional en el Seniat (autoridad aduanera y tributaria)”, expresó Belloso, una abogada de 51 años, de los cuales pasó 24 en la institución.

“No merecemos que después de 20, 25, 30 años nos echen por haber ejercido nuestros derechos”, se lamentó.

Una historia similar relata Miguel Monsalve, separado de la Corporación Eléctrica Nacional (Corpoelec) tras 12 años de servicio.

“No nos dieron razones, pero cuando comenzamos a comunicarnos entre los trabajadores despedidos, todos teníamos un denominador común: habíamos firmado” por el revocatorio, sostuvo.

Máspero aseguró que la situación se repite en Sidor y Venalum, las llamadas empresas básicas de Guayana que producen hierro y aluminio, mientras la organización de derechos humanos Provea advirtió sobre la destitución de policías. En Venezuela hay unos dos millones de empleados públicos.

Las denuncias se anexarán a un expediente abierto al Gobierno venezolano en la OIT por una queja interpuesta en la última reunión del ente, a comienzos de junio en Ginebra (Suiza), por motivos distintos al revocatorio.

Respaldado por las tres mayores centrales sindicales del país (Unete, CTV y CGT), ese recurso ya daba cuenta de supuestas violaciones a la libertad sindical, falta de medidas para la protección del salario y discriminación política.