La primera prueba para controlar si se usa o no dinero sucio en las elecciones internas tendrá lugar recién en los comicios para elegir autoridades partidarias y municipales de 2020.
Con 45 votos a favor y ninguno en contra, los diputados aprobaron sin grandes variaciones las modificaciones a la Ley de Financiamiento Político.
Uno de los principales puntos que se adicionan con la media sanción es el mayor rigor a la hora del control por parte de las instituciones desde las internas partidarias.
Así, la normativa ahora establece que los movimientos internos partidarios deberán llevar un registro de los ingresos y gastos de campaña y deberán realizar una declaración jurada ante la Subsecretaría de Estado de Tributación (SET). Además, los tribunales partidarios remitirán dentro de los cuarenta y cinco días posteriores a los comicios un cuadro demostrativo a la Justicia Electoral.
La sanción a la no provisión de informes de ingreso y egresos de campaña será la de no inscripción de candidaturas.
Otro agregado en la presente ley será que la SET y la Secretaría de Prevención de Lavado de Dinero y Bienes (Seprelad) coadyuvarán en las actividades de fiscalización realizadas por el Tribunal Superior de Justicia Electoral (TSJE).
En cuanto al financiamiento de campaña de los partidos, movimientos políticos, alianzas o concertaciones, la ley quedó invariable y el límite de aporte, contribución o donación individual no puede ser superior al equivalente de 5.000 jornales mínimos, o sea, un monto aproximado de G. 392.525.000. Primó la versión de la Comisión de Lucha contra el Narcotráfico sobre este límite, dado que otras comisiones defendían el hecho de que el aporte individual suba a un mínimo de 7.000 jornales y sin la incorporación del control de la SET y Seprelad.
El diputado Éber Ovelar, que trabajó sobre el dictamen, dijo que a partir de ahora la ley restringirá además a las personas “acusadas” de hechos punibles de narcotráfico y delitos afines, a los aportes directos o indirectos en política.
También se aprobó el control de los gastos electorales en los que se incurren el día de elecciones, para que en el caso de que no superen el monto del salario mínimo puedan ser justificados mediante autofactura.
Las modificaciones a la ley pasan al Senado y debido a que el trámite se da luego de que se convocó a elecciones nacionales –acto realizado el 21 de agosto por el TSJE– ya no se aplicarán ni en las internas ni en las generales. El proyectista del documento, diputado Jorge Avalos Mariño, lamentó que por la dilación del estudio el control no se dé a partir de estas elecciones.