El jefe comunal aseguró en conferencia de prensa que para hoy entregará a la Junta Municipal la nómina de afectados, aclarando que no lo hizo debido a que las autoridades de la corporación recién en la víspera solicitaron formalmente el pedido, que ya fue aprobado la semana anterior.
“Ya ordené a los integrantes de mi gabinete que entreguen esa lista a pedido de la Junta. Ellos dispondrán de esa información y luego tomarán la decisión particular de compartirla o no”, sentenció, con lo que se lava las manos del reclamo de su divulgación por parte de diversos sectores.
En un comunicado dejó en claro que no dará a conocer ninguna “lista negra” que contenga datos personales, amparado en el artículo 63, inciso G, del Código del Trabajo.
Incesante era ayer el movimiento de gente cuyo nombre fue publicado en los medios de prensa como despedidos, tanto ante la sala de sesiones del cuerpo legislativo comunal como en oficinas del Ejecutivo Municipal, buscando una explicación.
Prometió reponer a embarazadas o discapacitados que fueron separados del plantel.
Sostuvo que sin dudas se trata de uno de los borradores que se utilizaron en el largo proceso sobre el estudio caso por caso de la gente que sería incluida en esta medida de racionalización del personal.
Lejos de su discurso cuando era intendente electo y en los primeros días de haber asumido el cargo, cuando hablaba de limpiar de planilleros la institución municipal, Ferreiro dijo ser respetuoso de las personas y pidió que se hable de desvinculados. “No comparto el adjetivo de planillero. Soy respetuoso y quiero ser claro en eso”, precisó.
CUOTEO. En otro momento, Ferreiro negó que haya persecución política contra funcionarios colorados y aseguró que de las 60 personas que incorporó para trabajar en su administración, solo una es del partido PMAS.
También dijo que la mitad de sus directores y subdirectores son afiliados a la ANR y que el resto se reparte entre el PLRA y otras fuerzas.
Admitió que aplicó variaciones en el salario de algunos altos funcionarios, pero que en ningún caso superan los G. 2 y 3 millones. “Cuesta cautivar el interés de gente del sector privado para quienes los sueldos municipales no son tan atractivos”, concluyó.