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Mundo
domingo 10 de julio de 2016, 15:09

Familias de los acusados de la masacre en Paraguay piden la absolución previo a la lectura de la sentencia

Asunción, 10 jul (EFE).- Familiares de los once acusados por la masacre de Curuguaty, que en 2012 causó la muerte de 17 personas y el cese del presidente Fernando Lugo, volvieron a pedir hoy la absolución de todos los procesados en la víspera de que este lunes el tribunal dé lectura al veredicto de la causa.

Los once campesinos están acusados por asociación criminal, invasión de inmueble ajeno y homicidio doloso, y la Fiscalía pide para ellos penas de entre 5 y 30 años de prisión, mientras que la defensa reclama su absolución.

La acusación refiere a un desalojo realizado el 15 de junio de 2012, cuando varios centenares de policías acudieron a desalojar a unos 70 campesinos de las tierras que habían ocupado para pedir que se integraran a la reforma agraria.

Durante el desalojo se produjo un tiroteo en el que murieron once campesinos y seis policías, pero la Fiscalía nunca investigó las muertes de los labriegos.

Desde el pasado lunes, cinco mujeres permanecen encadenadas a las rejas de la plaza frente al Palacio de Justicia de Asunción para reclamar la absolución de todos los procesados.

A ellas se han unido a lo largo de la semana otras mujeres, madres, hermanas o cuñadas de los campesinos enjuiciados, además de activistas que exigen su libertad.

Junto a ellas se han instalado también varias carpas en las que organizaciones y ciudadanos en apoyo a la causa de Curuguaty cocinan almuerzos populares, cantan canciones alusivas al caso e incluso ofician ceremonias religiosas para rezar por la absolución.

"Estamos acá desde hace una semana, pasando lluvia, frío y sol, pero nada es comparable con lo que ocurre, ya que estamos ante una expectativa de penas muy elevadas para gente que no cometió ningún delito. Su único delito fue desear tener un pedazo de tierra para dar una vida digna a sus familias", dijo a Efe Guillermina Kanonnikoff, activista en apoyo de los acusados por el caso.

Kanonnikoff, que fue detenida y torturada durante la dictadura stronista (1954-1989), reiteró que los campesinos hoy procesados son "quienes fueron emboscados por la policía, quienes recibieron la balacera, y quienes realmente son las víctimas" de la masacre.

Agregó que la investigación de la Fiscalía fue "unidireccional" y su acusación está "viciada de múltiples contradicciones", por lo que pidió que se esclarezcan las muertes de los 17 fallecidos en la masacre, y que los once procesados sean absueltos "para regresar con sus familias a labrar las tierras que les corresponden".

Otra de las activistas encadenadas, la historiadora Margarita Durán, solicitó la absolución de los procesados "que es sinónimo de libertad, y no de perdón, porque (los acusados) no tienen que pedir perdón por nada".

Exigió además que estos acusados reciban "resarcimiento moral y económico" por los daños sufridos a lo largo de los cuatro años que han permanecido bajo arresto después de la masacre, así como "un espacio para dejar que las familias se reconstituyan y que las cicatrices se curen".

Las organizaciones en apoyo a los procesados también acudieron hoy al penal de Tacumbú para visitar a Rubén Villalba, único de los acusados que permanece en prisión, condenado por una causa de 2008, y a quien la Fiscalía pretende imponer por el caso Curuguaty una pena de 30 años de cárcel y 10 años de medidas de seguridad.

Posteriormente, acompañaron al resto de acusados por la masacre, que desde que se inició el juicio, hace casi un año, residen en un albergue pospenitenciario de Asunción.

En la última semana, el pedido de absolución para los acusados por la masacre de Curuguaty ha recibido el respaldo de organizaciones nacionales, como la Conferencia de Religiosas y Religiosos del Paraguay (Conferpar) o el opositor Partido Liberal, así como de organizaciones internacionales, como el Frente Amplio, partido gobernante en Uruguay.

La matanza de Curuguaty sirvió de base al entonces opositor y hoy gobernante Partido Colorado para impulsar la destitución del entonces presidente Fernando Lugo en un juicio político tildado de irregular por instituciones como Mercosur y Unasur.