Nunca el país tuvo tantos recursos como en estos años para invertir en educación y específicamente en infraestructura. Es inentendible que luego de varios años de disponer de fondos la situación no solo continúe siendo crítica, sino que la ciudadanía no vea una proyección de cambio sustancial y que el mal destino de los fondos no se esté castigando.
Casi semanalmente son objeto de noticias las clases bajo los árboles, los techos que se caen, los jóvenes debiendo recurrir a medidas extremas para lograr la atención de las autoridades y los escándalos de corrupción en los municipios en la ejecución de los fondos dirigidos a financiar la infraestructura edilicia.
Pareciera que las necesidades continúan como al principio, con el agravante de que se han invertido recursos y no se han penalizado los casos de corrupción.
El país reclama liderazgo y calidad en la gestión pública para mejorar las condiciones educativas y, por esa vía, la calidad del aprendizaje.
La educación, como cualquier política, requiere ser debidamente planificada. Esto incluye la construcción y el mantenimiento de los establecimientos educativos. Algunos datos e informes indican un número excesivo de establecimientos en algunas áreas y la falta en otras.
El proceso de urbanización ha modificado la densidad poblacional, especialmente de la juventud, lo que afecta a la demanda educativa. La expansión de la educación escolar básica obliga a aumentar la oferta educativa en la educación media. El derecho a la educación garantizada constitucionalmente y la gratuidad establecida legalmente exigen al sector público más esfuerzo que el que se está realizando hasta ahora.
La situación actual de la infraestructura escolar es el mejor signo de que el Ministerio de Educación no ha planificado el uso adecuado de los recursos y, menos aún, garantizado la calidad de su ejecución.
Las autoridades locales, por su lado, no solo fallaron en mejorar la infraestructura, sino que además los indicios de corrupción hacen suponer que lo están haciendo con un manto de impunidad que impide cualquier posibilidad de mejora, ya que al no haber castigo la corrupción no tiene ningún riesgo.
El Poder Judicial no cumple con su objetivo y es responsable también de la situación que se está viviendo actualmente.
Es hora de que todas las autoridades con competencia asuman su responsabilidad y garanticen el derecho a la educación la niñez y juventud de nuestro país. El presente y futuro de ellos está en juego, así como las posibilidades del desarrollo a mediano y largo plazo.
