La Ley 4788 de 2012 que legisla acerca de la trata de personas incluye en uno de sus artículos una alusión expresa a todo tipo de vinculación de servidumbre entre las personas.
Su artículo 5°, parágrafo 2, dice de manera expresa: “El que, con el propósito de someter a otro a un régimen de servidumbre, matrimonio servil, trabajo forzado, esclavitud, captare, transportare, trasladare, acogiere o recibiere a la víctima directa, será sancionado con pena privativa de libertad de hasta ocho años”.
A partir de esa norma, la Fiscalía imputa a algunas personas que tienen en su domicilio a menores de edad sacados de sus comunidades con el objeto de explotarlos laboralmente.
No puede, sin embargo, decirse que la disposición legal sea acatada por gran parte de la población, puesto que todavía se ven criaditos que sirven casi en condición de esclavos en las casas de algunas familias.
El reciente caso de la adolescente de 14 años que vivía en Vaquería (Departamento de Caaguazú) bajo la condición de criada y resultó asesinada luego de recibir golpes que motivaron su deceso, pone una vez más en el tapete una situación alarmante que requiere una toma de conciencia y acciones concretas para evitar que muchos menores sigan siendo esclavos en pleno inicio del siglo XXI.
Como sociedad interesada en que todas las personas vivan de modo más digno, superando aquellas lacras que denigran la condición humana, es necesario afrontar el problema y adoptar medidas que den visibilidad y atención pública a la situación de muchos compatriotas expuestos al riesgo de sufrir violencia de toda índole.
Si bien la pena que impone la ley es importante, más relevante aún es que los ciudadanos, conscientes de la necesidad de proteger a los menores, tomen conciencia de la gravedad de seguir teniendo gente en situación de esclavitud –en un régimen que viola los derechos humanos– y actúen en consecuencia.
El modelo creado para el abuso persiste porque hay una cobardía social que concede impunidad a aquellos que ejercen violencia síquica y física contra los niños y los mantienen en un sistema de servidumbre a todas luces insostenible a esta altura del avance de la civilización.
Además de lo que establece la ley sobre trata de personas, el Código de la Niñez y la Adolescencia crea instituciones que amparan los derechos de niños y adolescentes. El problema es que se convierten en letras muertas si es que la comunidad y la Fiscalía no asumen un serio compromiso para cambiar el doloroso actual estado de cosas.
Es necesario romper la actitud de indiferencia que se vuelve complicidad para que un caso como el de la jovencita de Vaquería no siga repitiéndose.
