Paraguay está ubicado en uno de los últimos lugares en el Índice de Desarrollo del Servicio Civil elaborado por el Banco Interamericano de Desarrollo, solo arriba de Guatemala, Ecuador, Honduras y Bolivia. Estamos muy lejos de los primeros lugares, ocupados por Brasil, Chile y Costa Rica.
Aunque hemos mejorado en la última década, en términos relativos nos mantuvimos entre los países con peor desempeño. Es decir, no pudimos impulsar cambios que nos acercarán sustancialmente a los países con mejor Índice. En 2004, dos países –El Salvador y Honduras– se encontraban en peor situación que Paraguay. Los bajos puntajes se encuentran en todas las dimensiones del índice: eficiencia, mérito, consistencia estructural, capacidad funcional y capacidad integradora.
Si bien estos datos son promedios nacionales, no habría por qué suponer que la situación del Banco Central del Paraguay se encuentra alejada de esta realidad. De hecho, existe evidencia de la existencia de funcionarios en la referida institución que no cuentan con carrera universitaria y ganan salarios relativamente altos.
No solo debería llamar la atención la brecha entre las credenciales educativas y las remuneraciones, sino la presencia de personas con poca formación académica en una institución altamente especializada.
La señal dada por el Banco Central del Paraguay no condice con lo que la sociedad le exige a la juventud. Se espera que los jóvenes estudien y, por esa vía, mejoren sus condiciones de vida. Sin embargo, una de las principales instituciones públicas del país muestra que no se requieren estudios superiores para lograr ingresos altos, sino contactos o influencia.
El débil vínculo entre salarios y formación académica y competencias al interior del BCP y la desigualdad entre esta institución y otras del sector público paraguayo deberían ser motivo de preocupación de las autoridades con competencia en la función pública.
No se trata de reducir beneficios ni precarizar el empleo público en Paraguay, sino de garantizar que la meritocracia sea efectivamente implementada y, con ello, el Estado paraguayo, a través de sus instituciones públicas, contribuyan a mejorar la gestión en beneficio de toda la ciudadanía, promover la calidad de vida de los funcionarios y reducir las desigualdades tanto al interior del servicio civil como entre las mismas instituciones estatales.
Las decisiones sobre la política salarial no pueden ser tomadas de manera independiente en cada institución y aislada de un mecanismo adecuado de beneficios e incentivos. Deben ser parte de un plan global y de largo plazo que profesionalice y jerarquice la carrera del servicio civil.
