En el año 2009, este país había sido sancionado por la Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económicos (OCDE) por mantener las acciones al portador, incluyéndolo en la lista negra de países no cooperantes.
A partir de esa mala experiencia, los uruguayos modificaron su normativa legal y desde hace cuatro años vienen realizando el canje de las acciones al portador por acciones nominativas, que son informadas al Banco Central del Uruguay, que actúa como regulador.
Romano señaló que antes del cambio de regulación, de las 150.000 empresas constituidas bajo la figura de acciones, apenas 10.000 eran nominativas.
“Hoy, cuatro años después de que iniciamos los cambios normativos, les decimos que hubo más de 84.000 sociedades disueltas y al día de hoy tenemos en la totalidad de las sociedades con acciones identificados quiénes son sus accionistas”, aseveró.
Al ser consultado por nuestro diario sobre las modificaciones que se hicieron en el Senado a la ley, que se estima hoy sería analizada por Diputados, respondió: “Lo que yo visualizo es que si el régimen legal lo que establece es que sea una potestad y no una obligatoriedad, no van a cumplir con lo que es el requerimiento internacional, con lo cual entran en zona de riesgo de ser declarado un país no cooperante”.
En el 2018 el Grupo de Acción Financiera (GAFI) verificará la situación de transparencia en Paraguay.
