El Juzgado Decimosexto del Circuito Penal de Panamá fijó del 7 al 18 de marzo próximo la audiencia ordinaria del juicio a los exdirectores del Consejo de Seguridad de Panamá Alejandro Garúz y Gustavo Pérez, arrestados, y sus subalternos Ronny Ramiro Rodríguez y William Pitti, que están prófugos.
El juez de la causa, Enrique Pérez Alvarado, fijó del 11 al 22 del próximo abril la fecha alterna del juicio contra los cuatro exfuncionarios, por los delitos contra la libertad en la modalidad de inviolabilidad del secreto y derecho a la intimidad, indicó la información oficial.
La audiencia preliminar por el caso de los “pinchazos” se celebró los pasados días 17, 18 y 19.
En esa audiencia el juez dictó medida cautelar de arresto domiciliario para Garúz y Pérez, detenidos desde inicios de este año, pero permanecen en la cárcel debido a apelaciones presentadas tanto por la Fiscalía como por la defensa.
“En esta resolución judicial se mantienen las medidas cautelares impuestas en el acto de audiencia preliminar a los prenombrados Garúz y Pérez; sin embargo, las mismas no se han hecho efectivas por estar en trámite de apelación. De igual forma, se reiteró la orden de detención en contra de los precitados Rodríguez y Pitti”, confirmó este viernes el Órgano Judicial.
La Fiscalía de Panamá acusó a los cuatro exfuncionarios de Seguridad de interceptar las comunicaciones a más de 150 personas entre opositores, empresarios, periodistas y políticos.
Un testigo protegido declaró durante las investigaciones que en la planta del edificio 150, donde está la sede del Consejo de Seguridad, “se violaron los derechos Constitucionales y la privacidad de un número plural de ciudadanos”, explicó el Órgano Judicial.
Según el fiscal, el Gobierno de Martinelli adquirió los equipos de escucha en Israel a la empresa M.L.M. Protection Ltd. por 13,5 millones de dólares.
La maquinaria, de acuerdo con las investigaciones, se compró a través del Programa de Ayuda Nacional (PAN), una entidad gubernamental creada para atender de urgencia las necesidades de los más pobres y cuyos dirigentes están envueltos en diversos casos de corrupción.
Varias de las personas que supuestamente fueron espiadas han pedido que se siente en el banquillo a Martinelli, quien, a juicio de las víctimas, es el “verdadero culpable” de ordenar las escuchas ilegales.
El pasado 8 de junio la Corte Suprema de Justicia de Panamá abrió una causa penal contra el exmandatario panameño por este mismo caso, que se suma a otras dos que ya tiene abiertas: una por la compra con supuestos sobrecostes de alimentos deshidratados y otra por la firma de más de 300 indultos.
Martinelli, actualmente diputado del Parlamento Centroamericano (Parlacen), salió de Panamá el pasado 28 de enero y se encuentra en Estados Unidos, según sus abogados.
El exmandatario asegura que es víctima de una “persecución” por parte del actual presidente, Juan Carlos Varela, quien fue su vicepresidente y aliado electoral hasta mediados de 2011.
El Gobierno de Varela ha presentado alrededor de 200 denuncias por corrupción contra funcionarios de la pasada Administración, incluyendo a prácticamente todos los ministros de Martinelli.
