El ex secretario de Estado dirigió una extensa carta a la Dirección de ÚH, en la cual negó que se haya incurrido en una irregularidad, escudándose principalmente en el hecho de que el Banco Interamericano de Desarrollo (BID) no hubiese desembolsado el dinero si no estaba de acuerdo con el programa.
Recordemos que el Pagro, ejecutado desde 2011 hasta el 2016, requirió USD 35 millones, de los cuales, USD 31 millones fue un crédito del mencionado banco.
Primeramente, habló de las tarjetas de débito entregadas a los productores. “Una de las inexactitudes es la información de que los productores fueron engañados porque sus tarjetas no cuentan con fondos. (...) Esas tarjetas han sido codificadas de tal manera que no puedan ser utilizadas en los comercios de plaza, ni en banco para extracción de dinero en efectivo a través de los cajeros, ni ningún otro uso, salvo solo y únicamente para el pago por los servicios recibidos”, escribió.
Asegura que todo lo realizado se sometió a evaluación. “La Unidad Ejecutora del Proyecto (UEP) realiza un muestreo al azar sobre un mínimo del 10% de los productores de cada distrito y de cada empresa. Si existe consistencia entre lo declarado por el solicitante del pago y la evidencia empírica, se procede a gestionar el pago a los productores”, indicó. Sobre los kilos de cal abandonados en las viviendas de los campesinos denunciantes, el ministro dijo que el sobrante es un remanente de lo utilizado en el campo, que queda a cargo del productor para trabajos futuros.
Antecedentes. El Pagro se basa en asistencia a pequeños productores en la preparación de tierra y provisión de insumos. Según denunciaron campesinos de Paraguarí, la asistencia se hizo a medias y los insumos entregados tendrían un valor mucho menor en comparación con lo que figura.
También se constató que el programa fue utilizado por políticos colorados de la zona. Sobre este punto, el ex ministro no hizo ninguna aclaración.
