El proyecto de ley que plantea el control del dinero sucio en las campañas electorales, principalmente en las internas partidarias, no será suficiente para evitar el uso de dinero ilícito por los candidatos o partidos políticos, expresó el ex legislador Edmundo Rolón, quien fue asesor de la Comisión de Financiamiento Político del Tribunal Superior de Justicia Electoral (TSJE).
Rolón fue uno de los nexos de la institución electoral con los diputados para analizar el proyecto que establece modificaciones a la Ley de Financiamiento Político, que el miércoles pasado fue aprobado en general por la Cámara Baja y aplazado en su estudio en particular por ocho días.
De acuerdo con Rolón, además de modificar el Código Electoral, se debe modificar el Código Penal, la Ley de la Secretaría de Prevención contra el Lavado de Dinero (Seprelad), y de la Secretaría Nacional Antidrogas (Senad).
Sostuvo que un primer paso es modificar la legislación electoral a los efectos de que se rinda, aunque sea de buena fe, de dónde proviene el dinero que se gasta en la campaña y que la gente entienda y termine votando por aquel candidato que ofrezca más transparencia, que a uno que esconde recursos y financiamientos de sectores anónimos. “El siguiente paso es tratar todo lo que significa la modificación de la legislación penal correspondiente, la de la Senad. El Ministerio Público tiene que intervenir en esto al igual que la Seprelad, pero no en lo que corresponda al Código Electoral”, remarcó.
Mencionó que la Ley de la Seprelad, por ejemplo, no contempla que los partidos políticos tengan que rendir cuentas a la Seprelad, “entonces modifiquemos esa ley”.
Indicó que “la Ley de la Senad habla de delitos conexos, lavado y con mucha más razón deberían investigar los contactos con la política”, planteó el experto.
Para Rolón, no hay dudas de que las internas de los partidos políticos deban ser reguladas y controladas, y que en primera instancia el proyecto que está en estudios en Diputados no necesita de modificaciones.
Sin embargo consideró que difícilmente la normativa pueda entrar en vigencia para las elecciones internas del 17 de diciembre próximo.
“No creo que podamos llegar a aplicar en estas internas, esto debe ser posterior, pero sí ir pensando que una autoridad electa con fondos ilegales o no declarados puede perder su cargo”, apuntó.
Subrayó que ve de manera positiva que se haya iniciado el debate sobre un tema tabú, pero observó que hay cierta confusión de algunos legisladores con respecto a la legislación penal propiamente.
“Porque las actividades ilícitas están reguladas por el Código Penal, no por el Código Electoral, y pretendemos darle funciones de investigación de ilícitos a una institución electoral que no tiene ni la competencia, ni los funcionarios, ni los recursos para hacerlo”, acotó Rolón.
El objetivo principal del proyecto presentado por los diputados liberales Amado Florentín, Jorge Ávalos Mariño y Sergio Rojas es evitar que el dinero proveniente del narcotráfico, lavado de dinero, crimen organizado y otros financie la campaña electoral de un candidato, movimiento o partido político.
