El anuncio fue realizado por Morales y el máximo dirigente de la COB, el minero Guido Mitma, en una declaración conjunta a los medios posterior a una reunión que mantuvieron en La Paz.
Mitma destacó que los aumentos acordados son superiores a los ofrecidos inicialmente por el Gobierno, que planteó en un principio un incremento de 6 % para el salario mínimo nacional y de 5 % para el sueldo básico.
Actualmente, el salario mínimo pagado en bolivianos equivale a 259 dólares y con el aumento de 10,8 % llegará a unos 287 dólares, mientras que el salario básico o de contratación varía en el sector público o privado y por el grupo ocupacional.
Morales resaltó por su parte que los incrementos salariales acordados están por encima de la tasa de inflación del año anterior (4 %), un sistema que el Gobierno ha usado desde que el mandatario llegó a la Presidencia en 2006.
“Saben los compañeros que quisiéramos más incrementos salariales, pero también es nuestra obligación cuidar la economía nacional”, afirmó el mandatario.
También expresó su deseo de que el empresariado privado “pueda acompañar esta mejora salarial” y que comprenda que “si hay sector privado es porque hay obreros”.
“Si no hubiera obreros, tampoco habría empresas privadas”, zanjó el gobernante, quien pidió a los trabajadores evitar los conflictos sociales para garantizar el crecimiento económico del país.
Se prevé que Morales firme el próximo lunes, 1 de mayo, el decreto sobre el aumento salarial para esta gestión, como hace todos los años en homenaje al Día del Trabajador.
El decreto del incremento salarial como cada año será de cumplimiento obligatorio para el sector estatal y privado y retroactivo a enero.
El acta de la reunión, difundida por la oficina de prensa de la Presidencia boliviana, señala en su último punto que el aumento del salario mínimo nacional se realiza “a pedido de la COB, dejando el Gobierno salvada su responsabilidad en el caso de presentarse efectos negativos sobre el empleo”.
Esta semana, la Confederación de Empresarios Privados de Bolivia (CEPB), la mayor patronal del país, ha lamentado que el Ejecutivo excluyera nuevamente a ese sector del diálogo para definir el aumento salarial y advirtió de un agravamiento de la precarización del trabajo y la inestabilidad de las empresas.
El presidente de la CEPB, Ronald Nostas, enfatizó que el aumento salarial debe ser el resultado del análisis de la inflación y el crecimiento, pero también de variables como la productividad y las perspectivas de las empresas en un entorno de desaceleración, que, a su juicio, no consideran el Gobierno, ni los sindicatos.
