El Poder Ejecutivo presentó días pasados al Congreso Nacional el proyecto de ley de Presupuesto General de Gastos para el año 2018. Un presupuesto muy especial. El último del Gobierno de Horacio Cartes, de transición de un gobierno a otro, cuyo análisis se da en medio de campañas electorales de cara a las elecciones generales de abril próximo.
La consideración parlamentaria está marcada por las demandas de los distintos sectores que dependen del presupuesto, principalmente los funcionarios públicos.
Los primeros son los maestros, quienes están movilizando a la comunidad educativa detrás de sus demandas salariales. Ya lograron un incremento del 12% con el Poder Ejecutivo con un costo aproximado de 110 millones de dólares para el próximo año, más el compromiso de repetir estos incrementos en los próximos cuatro años hasta alcanzar el salario básico de 3 millones de guaraníes por turno. Pero quedaron insatisfechos y van por más al Congreso.
Es necesario fijar remuneraciones para los maestros, competitivas con otros sectores profesionales, para atraer a las personas más talentosas a dedicarse a la docencia. Pero un maestro debe tener una formación académica mínima de nivel universitario en ciencias de la educación o una capacitación equivalente a los actuales maestros, de tal manera a garantizar que mayores costos para la ciudadanía redundarán en mejor calidad en la enseñanza.
Además, el Poder Ejecutivo incluyó reajustes a los salarios mínimos de las demás instituciones públicas y al escalafón salarial de militares y policías por un monto adicional de 85 millones de dólares anuales. Sin embargo, las demandas salariales del resto del funcionariado público aún no son evidentes. Serán presentadas directamente en el Congreso, ya sea en la Comisión Bicameral o en cualquiera de las cámaras. De hecho, la Cámara de Diputados aprobó la semana pasada un reajuste del 10% para los funcionarios judiciales, cuyo costo aún no está presupuestado.
El entorno político favorece las demandas de los funcionarios públicos. Tanto las elecciones internas de los principales partidos políticos como las elecciones generales presentan altos niveles de competencia y los candidatos a los distintos cargos electorales en disputa buscan congraciarse con los funcionarios, quienes siguen representando un caudal electoral importante.
De hecho, los tiempos electorales son un gran desafío para la asignación racional de los recursos públicos. Las experiencias tanto en el presupuesto del 2008 como en el del 2012 son elocuentes. En esos años fueron aprobados grandes reajustes salariales que condicionaron las finanzas públicas en los años siguientes y redujeron sustancialmente los recursos disponibles para los programas que realmente impactan en los servicios públicos que el Estado presta a la ciudadanía. Es más, como consecuencia del incremento salarial del año 2012 de aproximadamente 700 millones de dólares anuales, las finanzas públicas son hoy continuamente deficitarias.
Tantos años de desorden en temas salariales han dejado una matriz presupuestaria rígida que necesitamos ir cambiando para que el presupuesto pueda ser un instrumento eficiente para el cumplimiento de las funciones principales del Estado con sus ciudadanos.
Con la intención de ordenar y racionalizar los incrementos salariales del sector público, el Congreso aprobó la Ley 5098 de Responsabilidad Fiscal en el año 2013. El numeral 3 del artículo 7° de esta ley estipula que se podrán aprobar incrementos salariales solo cuando se haya reajustado previamente el salario mínimo aplicable al sector privado y el incremento no podrá ser superior al reajuste de este salario mínimo.
Esperemos que los parlamentarios sean capaces de evitar una discusión electoralista del Presupuesto y manejen los incrementos salariales de acuerdo con los límites fijados en la Ley de Responsabilidad Fiscal. Este presupuesto será la herencia que reciba el próximo gobierno y quien gane las elecciones necesitará flexibilidad presupuestaria para llevar adelante su programa de gobierno.