Una serie de publicaciones que viene realizando este diario acerca de la dimensión del caos urbano que persiste en el área metropolitana reveló ayer que unas 300.000 personas que habitan ciudades de la Gran Asunción están consumiendo directamente agua contaminada, al no tener acceso a los servicios de agua potable debido a la falta de plantas de tratamiento y de sistemas cloacales.
La cifra es parte de los datos compartidos por el doctor Víctor Raúl Benítez, experto en déficit infraestructural físico y social, con estudio de presupuesto georreferencial del déficit habitacional de cada distrito del país. El técnico sostiene que un 90% de habitantes de la capital y el área metropolitana tiene acceso al sistema de agua potable. Sobre una población estimada en 3 millones de personas, se considera que el 10% restante está conformado por unos 300.000 habitantes, que no acceden a este servicio público y consumen el agua extraída de pozos, de manantiales o directamente del río, a donde van a parar todos los efluentes cloacales, sin filtro alguno.
Las cifras de la contaminación son aún más graves, si se considera que del 60% de la cloaca que se recoge en la ciudades de la Gran Asunción solo un 4% recibe algún tipo de tratamiento.
El 96% se arroja directamente a las aguas del río Paraguay. Igualmente, solo un 60% de las calles de Asunción cuentan con una red cloacal, mientras el 40% carecen de todo tipo de desagüe, lo cual se puede evidenciar en los días de lluvias y tormentas, cuando se forman enormes raudales que arrastran con todo a su paso y dejan un tendal de basura en la vía pública.
De hecho, la intensa precipitación pluvial del miércoles último dejó más de 700.000 kilos de basura en las calles de Asunción, principalmente taponando los puntos de desagüe.
Esta situación de tener a 300 mil personas –tan solo en el Gran Asunción, sin tener en cuenta a otras ciudades y pueblos del interior del país– bebiendo agua contaminada implica un grave problema de salud pública, que hasta ahora no está siendo encarado como un tema prioritario por los diversos organismos del Estado.
Urge que las instituciones técnicas se ocupen con mayor énfasis de buscar una rápida solución al problema, pero para ello debe existir también una voluntad política de las más altas instancias del poder, no solamente del Ejecutivo, sino también del Parlamento.
Seguir exponiendo a gran parte de la población a depender de esta situación de grave polución ambiental puede ser considerado un hecho criminal.