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sábado 1 de julio de 2017, 01:00

Evitar los actos de proselitismo con el patrimonio del Estado

Como un mal que nunca termina de superarse en democracia, persiste la visión patrimonialista por la que muchos políticos consideran que los bienes del Estado les pertenecen y, por lo tanto, los pueden utilizar impunemente para fines proselitistas como si fueran propios. Lejos de su pensamiento y de su praxis cotidiana está la idea de que un bien colectivo no puede ser partidizado y mucho menos sectarizado para obtener réditos que han de ir en beneficio de alguien en particular, o de un sector partidario en especial. En esa actitud que hace tiempo debió ser erradicada en el país se encuadró el comportamiento del presidente del Partido Colorado, Pedro Alliana, quien hizo campaña política con fondos destinados a la tercera edad. Una verdadera vergüenza.

En tiempos de la dictadura stronista, el concepto weberiano de que el patrimonio del Estado está en manos de los que circunstancialmente ejercen el poder para hacer uso y abuso de ellos como si fuesen propios tuvo un periodo de particular énfasis. Amparados por la fuerza de una voluntad tiránica, sus personeros actuaban como dueños de la cosa pública, al margen de los matrices institucionales.

La herencia nefasta de ese modo de relacionarse con la cosa pública todavía persiste en los códigos de comportamiento implícitos y explícitos de aquellos políticos que utilizan los bienes colectivos para hacer campaña proselitista, dando a entender que quienes benefician a la sociedad son ellos y no las instituciones con funciones específicas, en virtud de mandatos legales.

Lo más nuevo en la materia –que no es el primer ejemplo ni será el último– es la situación protagonizada por el presidente de la Asociación Nacional Republicana (ANR), electo para ser la máxima autoridad de la Cámara de Diputados, Pedro Alliana. Este, en un acto realizado en Pilar –de la que es oriundo–, entregó las tarjetas magnéticas del Banco Nacional de Fomento a personas de la tercera edad que accedieron a un subsidio estatal.

El parlamentario usurpó una función que debía ser cumplida por el Poder Ejecutivo, no por alguien que pertenece a otro poder del Estado, el Legislativo en este caso. De ese modo, envió a la ciudadanía el mensaje de que quienes están en consonancia con el Gobierno pueden pasar por encima de las normas. Ese comportamiento constituye una perversión del sistema democrático, ya que altera en forma antojadiza y arbitraria la institucionalidad de la República. El propósito no manifiesto, pero indisimulable, de intervenir en un acto del Programa de Adultos Mayores fue conquistar adhesiones en torno a su figura, fortalecer su imagen política en su comunidad y reafirmar que un colorado, si tiene poder, está por encima de los códigos practicados dentro de los cánones estrictamente administrativos.

En ese comportamiento se reencarnó uno de los vicios que los contribuyentes al fisco quieren erradicar. Los fondos del Ministerio de Hacienda provienen del aporte de ciudadanos de todas las banderías políticas. Por lo tanto, nadie, bajo ninguna circunstancia, puede apropiarse de una parte de los impuestos revertida en beneficio de la gente para alcanzar objetivos particulares o grupales.

El dinero público direccionado a los beneficiarios de los programas sociales tiene que llegar a destino por las vías institucionales que corresponden, no a través de políticos soberbios y abusivos que todavía no han aprendido que en democracia el patrimonio general no puede ser utilizado como si fuera su coto de caza particular.