Una de las cosas aprendidas en la reforma aprobada en el 2004 con la Ley 2421 de Adecuación Fiscal es que los cambios tributarios deben ser cuidadosamente analizados, ampliamente discutidos e implementados con participación de los sectores afectados, para evitar un ambiente de inestabilidad e incertidumbre a los contribuyentes porque puede tener impactos negativos en las decisiones de ahorro e inversión de las personas y las empresas, factores críticos para el desarrollo económico de nuestro país.
La administración tributaria ha tenido avances importantes en el control del cumplimiento tributario, como los explicitados con las denuncias de megaevasión presentadas por la Subsecretaría de Estado de Tributación en los últimos años. Este esfuerzo es muy positivo y debemos persistir en ello. Sin embargo, en este proceso de mejorar el control, la administración tributaria ha llevado adelante algunas iniciativas que han impuesto cargas excesivas a algunos contribuyentes o han creado incertidumbre respecto a declaraciones de impuestos ya presentadas en años anteriores, las cuales generan desconfianza y afectan su propia credibilidad con los contribuyentes.
Por ejemplo, en el 2013 una importante cantidad de empresas fueron designadas como agentes de retención del impuesto al valor agregado (IVA). Estas empresas deben retener una parte del IVA consignado en las facturas de sus proveedores e ingresarlos al Fisco. Los proveedores reciben un certificado de retención que le significa un crédito fiscal. En muchos casos, estos proveedores al presentar su declaración de IVA se encuentran en una posición acreedora frente al Fisco. Sin embargo, le siguen reteniendo el IVA en cada factura imponiendo una carga tributaria indebida sobre el contribuyente, quien acumula un crédito fiscal continuamente. Finalmente, este crédito fiscal resulta en una importante carga financiera para el contribuyente porque su devolución por parte del fisco toma mucho tiempo y esto le exige capital operativo adicional. Conozco casos pendientes de devolución que acumulan desde el 2013 hasta hoy.
Este tipo de cargas adicionales para los contribuyentes no es razonable y la SET debiera corregirlas. Los esquemas de retención deben ser claros, eficientes y con devoluciones inmediatas. Es necesario, además, que el Ministerio de Hacienda dimensione adecuadamente la deuda total del Estado con los contribuyentes en este concepto y prever su devolución a corto plazo.
Por otro lado, hemos tenido muchas idas y vueltas con el impuesto a la renta personal (IRP). Su introducción a nuestro sistema tributario es muy importante. Le aporta dos elementos: por un lado, es un instrumento para formalizar las transacciones económicas de los contribuyentes; por otro lado, le agrega un elemento de equidad tributaria al afectar solo a aquellos ciudadanos con ingresos mensuales superiores a tres salarios mínimos.
En la aprobación y puesta en vigencia del impuesto se priorizó su rol formalizador al incluir una amplia deducibilidad de gastos para los contribuyentes a cambio de exigir comprobantes legales en sus compras de bienes y servicios.
Sin embargo, el IRP representa un profundo cambio en la cultura tributaria. Su consolidación depende de una implementación cuidadosa, ordenada, con mucha participación y cuidando de no emitir señales que generen incertidumbre en los contribuyentes.
En este sentido, es mejor seguir clarificando sus alcances e interpretaciones, orientados hacia un mejor cumplimiento en los próximos años y asegurar su implementación plena y evitar cambios de interpretaciones que afecten el pasado que están generando mucha preocupación en miles de contribuyentes.
En el futuro, una vez plenamente implementado, discutiremos cómo debe ir cambiando gradualmente su rol para convertirse en un impuesto más recaudador y de mayor equidad del sistema tributario.
Tenemos aún un enorme camino por recorrer en la mejora del sistema tributario y en un control más efectivo de su cumplimiento en nuestro país. Es muy importante que implementemos cuidadosamente los cambios para evitar generar cargas indebidas, inestabilidad e incertidumbre a los contribuyentes y seguir fortaleciendo la credibilidad de la administración tributaria.
