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viernes 22 de julio de 2016, 01:00

Evitar el negociado con altos alquileres cobrados al Estado

Una investigación de ÚH está sacando a luz varios casos de inmuebles alquilados a elevados precios al Ministerio de Defensa Pública por parte de funcionarios estatales o personas conectadas a figuras políticas y círculos oficiales. Algunos hechos violan la Ley de la Función Pública y una resolución de Contrataciones Públicas, otros instalan sospechas de estafa y otras irregularidades, que deben ser investigadas para individualizar a quienes resulten responsables, y aplicar las sanciones establecidas. Paralelamente, el caso debe servir para manejar con más transparencia los alquileres en las instituciones del Estado, buscando imponer la austeridad en el manejo de los recursos.

El primer caso publicado el lunes revelaba que el Ministerio de la Defensa Pública pagará 694 millones de guaraníes (19.500.000 al mes) por una vivienda en estado ruinoso, perteneciente a dos funcionarias públicas, María Romualda Amarilla y María Mercedes Amarilla, a su vez dirigentes del Partido Colorado. Por el alquiler se estableció un primer contrato de alquiler por 285 millones, desde julio de 2014, que aumentó a 409 millones, vigente hasta diciembre de 2017.

En los días siguientes se conocieron más alquileres al MDP, como el caso del dirigente colorado y docente en Villarrica, Federico Vera, quien alquila una propiedad en Caazapá a la misma institución por 12.650.000 guaraníes mensuales por 19 meses (totalizando G. 240.350.000).

Otro caso divulgado es el de Gustavo Fatecha, sobrino del ex presidente de la ANDE y actual director de planificación del MDP, Germán Fatecha, quien alquila su propiedad también a la misma institución, en Caacupé, por un contrato de 280 millones de guaraníes durante 20 meses (14 millones al mes).

El caso conocido más reciente es el de concejala Belinda Gómez Cattebecke, presidenta de la Junta Municipal de Villa Hayes, hija del conocido caudillo colorado y ex senador Octavio Gómez, quien también alquila una propiedad a Defensa Pública en el centro de Villa Hayes, con un contrato de 90 millones de guaraníes por 18 meses (G. 5 millones al mes).

Cabe señalar que la titular del Ministerio de la Defensa Pública, Noyme Yore, se encuentra imputada por otra acusación de irregularidad, a lo cual podrían sumarse los hechos denunciados, en el caso de que se compruebe que constituyen delitos.

Algunos de los casos publicados violan la Ley 1626 de la Función Pública, así como la Resolución 849/15 de la Dirección de Contrataciones Públicas, que impiden que funcionarios públicos puedan obtener concesiones el Estado. Otros casos instalan sospechas de estafa y otras irregularidades, que deben ser investigadas para individualizar a quienes resulten responsables, y aplicar las sanciones establecidas.

Paralelamente, el caso debe servir para manejar con más transparencia los alquileres en las instituciones del Estado, buscando imponer la austeridad en el manejo de los recursos. Los elevados alquileres resultan llamativos, cuando con todo ese mismo dinero se podrían haber adquirido sedes propias. El despilfarro es aún más cuestionable en una institución como el MDP, encargada de defender a los procesados más humildes, a la que siempre se señala que no cuenta con los recursos suficientes para esta importante y necesaria función.