Por pedido del diputado Luis Larré, del Partido Colorado, el proyecto fue aplazado una semana.
Cabe decir que de acuerdo al proyecto, con media sanción de la Cámara de Diputados, pero que fuera rechazado por la de Senadores, se pretende otorgar un marco normativo a las relaciones jurídicas surgidas de operaciones de libranza (que es el mecanismo de descuento autorizado voluntariamente), que en la actualidad se encuentra en una laguna jurídica.
Desde las comisiones se pidió que la Cámara, presidida por Pedro Alliana, se ratifique en su posición, pues es urgente tener marco legal apropiado.
Entretanto no haya un marco respecto al tema, se la relaciona con el embargo judicial, que es la figura jurídica que más comúnmente se utiliza para descontar montos de dinero del salario del empleado, antes de que el mismo tenga disponibilidad de su propio dinero.
El proyecto con media sanción cuenta con 27 artículos y para ratificar en segunda vuelta se necesita que la Cámara cuente con 41 votos (mayoría absoluta). Si se acepta el rechazo, se requiere simple mayoría.
En Senado critican que la propuesta busque “enterrar” derechos conseguidos para los trabajadores y “secuestrar” los salarios. El senador Adolfo Ferreiro, de Avanza País, no dudó en criticar incluso a quienes concibieron la idea de apoyar el proyecto. “Es una orden de pago que se tiene sobre el salario y va a permitir que el sueldo no le alcance a la gente para vivir”, dijo.
