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Política
domingo 23 de abril de 2017, 01:00

Estrategia de cobertura del ex comandante no funcionó

En el marco de la investigación de la toma y quema del Congreso Nacional por parte de manifestantes el 31 de marzo, el Ministerio Público se encuentra investigando si existió o no una orden de liberación por parte de la Policía Nacional. En un primer momento el ex comandante Críspulo Sotelo se había lavado las manos e indicó que delegó el trabajo a otros jefes policiales, pero ahora los jefes indican que no.

El director de la Primera Zona Policial, comisario general Prudencio Burgos, también intentó desligarse, mencionando que el trabajo de los cascos azules está a cargo de la Dirección de Apoyo Táctico. Pero sí señaló cuál fue la orden estratégica que recibió.

El entonces comandante Sotelo, dice Burgos, le ordenó cambiar la estrategia de cobertura policial en las inmediaciones del Congreso Nacional. El director de la Primera Zona Policial declaró, según informa la Fiscalía, que la directiva consistía en establecer un grupo de uniformados sin armas de fuego que estaría dividido en dos pelotones, ubicados en la entrada principal de la sede legislativa.

Un dato no menor es que el suboficial Gustavo Florentín y su abogada habían señalado que los antimotines habían recibido la orden de salir del perímetro del Parlamento.

Minutos antes de la toma del Congreso, el ex comandante Sotelo estaba en compañía del ex ministro del Interior, Miguel Tadeo Rojas, y el viceministro Lorenzo Lezcano (actual ministro) realizando una conferencia de prensa donde aseguraban que la Policía Nacional no había sido sobrepasada.

Sin embargo, en la perspectiva de Prudencio Burgos se dio todo lo contrario. Mencionó que en un momento los manifestantes empezaron a derribar las vallas de seguridad que estaban conteniendo los agentes policiales.

Luego la presión fue mayor cuando lanzaron cascotes, botellas y bombas de estruendo hacia los uniformados, rebasando a la Policía, que no pudo identificar a las personas a causa de la humareda que provocaban las bombas.

Finalmente, los civiles tomaron la sede del Parlamento, donde luego se inició un incendio.

imputados. Como consecuencia de los destrozos en la sede parlamentaria están imputadas 19 personas por el hecho punible de perturbación a la paz pública, además de Silvino Rafael Romero (25), alias Amuleto, que está procesado por robar un televisor del Senado.