El proceso se inició por la denuncia presentada por la maestra Fanny Acosta, quien sostiene haber sido estafada por una empresa de plaza. La profesora contó que la firma le entregó un préstamo de G. 500.000 y un televisor a color. Sin embargo, luego la demandaron con un pagaré de G. 6.950.000.
La acusación señala que la ujier Cibils Barrios declaró que notificó a Acosta de Maldonado sobre las decisiones del Juzgado en la sede de la Dirección de Administración de Sueldos y Beneficios del MEC. Sin embargo, la docente aseguró que ese no era su lugar de residencia y que no recibió ninguna notificación.
Por su parte, el oficial de justicia Leite Jara declaró que le comentó sobre la notificación y embargo a la profesora en su casa, en donde fue atendido por ella misma. El funcionario declaró que la maestra incluso reconoció la deuda, pero que en ese momento no tenía dinero en efectivo. Aseguró también que entregó la notificación a Acosta, pero que esta se negó a firmarla.
En contrapartida, la docente negó haber tenido esta conversación y aseguró que nunca recibió dicha notificación. La acusación presentada en contra de ambos funcionarios es por producción mediata de documento público de contenido falso, informaron desde la Fiscalía.
