Las agentes se constituyeron en dicho juzgado el viernes pasado, en el marco de la investigación de presuntas estafas a docentes del Ministerio de Educación y Cultura (MEC). Antes de la diligencia, las fiscalas habían solicitado informes al juez Carlos Bogado Cuéllar sobre demandas a profesores que se tramitan en su juzgado y al responder el magistrado presuntamente omitió ciertos datos sobre las acciones.
A raíz de esa sospecha, las fiscalas decidieron presentarse en el juzgado y pidieron verificar 18 expedientes judiciales, de los cuales solo ocho estaban en el lugar. El resto, según indicaron en el juzgado a las fiscalas, estaba en poder de la abogada Zully Ortiz, representante legal de la firma San Patricio que demandó a los profesores.
Asimismo, el mes pasado las mismas fiscalas elevaron un informe a la Corte Suprema sobre la situación del juzgado de Paz del distrito de La Encarnación, en la capital.
En este juzgado se tramitan la mayoría de las demandas en contra de los profesores del MEC por supuestas deudas inexistentes o exageradas. La hipótesis del Ministerio Público es que funcionarios judiciales son cómplices de las firmas y mienten en las notificaciones de estas demandas. De esta forma, los docentes recién se enteraban de las acciones judiciales en su contra cuando sus salarios o cuentas bancarias fueron embargados por orden del juzgado. Fuentes de la Fiscalía señalaron que hasta ahora la Corte no tomó intervención en ninguno de los dos juzgados. Por su parte, los abogados de las firmas denunciadas por los docentes aseguran que se trata de deudas contraídas legalmente por los profesores y de demandas planteadas de forma regular. Aseguran que la Fiscalía busca penalizar cuestiones civiles.
