Por Liza Paredes
El Estado no solo transfiere cifras millonarias en concepto de aportes y subsidios, sino que también debe costear con dinero público el salario de los empleados que cumplen funciones en los partidos políticos.
Los presidentes del Partido Colorado, del Partido Liberal Radical Auténtico, el Unace, el Partido País Solidario y el Partido Comunista Paraguayo solicitaron la comisión de 93 funcionarios nombrados de la Justicia Electoral para ser asignados en sus partidos.
Cubrir tan solo el salario mensual de este grupo de funcionarios ocasiona al Estado una erogación de G. 250.827.420, según un informe oficial solicitado al órgano electoral.
Los funcionarios tienen salarios de que van desde los G. 1.658.232 hasta G. 6.029.500, con cargo de profesionales, auxiliar técnico administrativo, coordinador, asistente, secretaria y auxiliar de servicios.
estructura. El Partido Colorado, a diferencia de los demás sectores políticos, cuenta con una mayor cantidad de funcionarios a su disposición. Solo en la ANR, bajo la figura de la comisión, figuran 71 operadores, que mensualmente cuestan al país G. 199.149.032. En el Partido Liberal Radical Auténtico están asignados 12 funcionarios de la Justicia Electoral, cuyos salarios alcanzan la suma de G. 29.505.674 al mes.
El Partido Unace cuenta con tres funcionarios que cumplen funciones partidarias, cuyos sueldos son costeados con el dinero de los contribuyentes. Mensualmente el Estado paga a los oviedistas G. 7.984.157.
El Partido Encuentro Nacional solicitó la comisión también de tres funcionarios, donde la remuneración de los tres es de G. 6.213.500, una cifra similar también perciben en concepto de sueldo los operadores del Partido País Solidario.
El Partido Comunista Paraguayo es otra de las agrupaciones que cuenta con un funcionario de la Justicia Electoral asignado en su sede.
no tienen. Los partidos políticos que no cuentan con un funcionario público cumpliendo funciones partidarias son: el Partido Democrático Progresista (PDP), Avanza País y Frente Guasu.
descontrol. La Justicia Electoral deslinda cualquier responsabilidad en cuanto al control que puedan tener sobre los funcionarios trasladados a las agrupaciones, situación que motiva la aparición de los planilleros.
El fiscal Eduardo Cazenave, en diciembre del 2010, inició una investigación sobre funcionarios fantasmas y planilleros en el TSJE.
El agente había declarado la existencia de más de 10 mil contratados que no cumplían función alguna. Mencionó a equipos completos de fútbol, empleadas domésticas, choferes y guardias.
La causa quedó archivada después de una denuncia que se presentó en el Jurado de Enjuiciamiento de Magistrados, donde finalmente se dispuso la suspensión del fiscal por un lapso de 10 meses.