28 mar. 2024

Estacionamiento debe servir al ciudadano y no solo para recaudar

Se requiere un mayor control sobre el estacionamiento y el uso del espacio público en las calles de Asunción, pero la implementación del estacionamiento tarifado por parte de una empresa privada tendrá un alto costo para los usuarios (aproximadamente 210.000 guaranies mensuales para los asuncenos y 560.000 para los demás), además de crear dificultades a los frentistas. Hasta ahora no se ven alternativas de un mejor transporte público ni de una mejor gestión en el arreglo de las calles. El Municipio debe considerar medidas que ayuden a reducir el impacto que tendrá la concesión en la economía de los ciudadanos. De lo contrario, será una acción puramente recaudadadora y no un mejor servicio público.

Entre el populismo de dejar que las calles de Asunción sean “tierra de nadie” y objeto de libre especulación por parte de los llamados cuidacoches, y la decisión de concesionar el espacio público a una empresa privada, para que imponga una acción principalmente recaudadora, con un alto costo para los ciudadanos, debe existir un equilibrio, en donde las autoridades municipales no deben olvidar que su principal misión al gobernar la ciudad es ofrecer servicios públicos que favorezcan a los ciudadanos.

La próxima implementación del sistema de estacionamiento tarifado y controlado en Asunción –que tras una prórroga decidida en la Junta Municipal entrará a regir desde el 5 de julio– supondrá una fuerte erogación mensual para los automovilistas que deberán estacionar en los sitios delimitados: el centro de Asunción, los barrios Villa Morra y Sajonia y los alrededores de las sedes de la ANDE y la Municipalidad. En el caso de un ciudadano asunceno, que debe estacionar 8 horas diarias para acudir a su trabajo, durante cinco días a la semana, con los descuentos previstos, deberá pagar un promedio de 210.000 guaraníes al mes. En el caso de un poblador que vive y tributa en otras ciudades el costo será de 560.000 guaraníes al mes.

A ello se suman varios contratiempos establecidos en el sistema, como que los frentistas que no tengan cocheras deberán pagar igual por estacionar frente a sus casas, o que habrá que proceder a mover el auto al término de las cuatro horas (lo que significa salir del trabajo y perder valioso tiempo).

La concesión del estacionamiento tarifado ocurre luego de varios años de que la Municipalidad había abandonado en la práctica sus atribuciones en el control del espacio público. Una primera experiencia de concesión de este mismo servicio, hecho a la empresa CEA (Consorcio de Estacionamiento de Asunción) por el intendente Carlos Filizzola en los años 90, y continuado por su sucesor Martín Burt, dejó ingratos recuerdos a los asuncenos, por el excesivo afán recaudador de los agentes, que los convirtieron en un sistema de persecución, sin aportar avances en el control del tráfico. Fue el intendente Enrique Riera quien suspendió el contrato del CEA y devolvió la atribución del control a la Municipalidad de Asunción, pero esta no fue ejercida de manera eficiente y desde entonces, en la práctica, cualquiera podía estacionar donde quería, y quienes realmente se convirtieron en los verdaderos administradores informales del espacio público fueron los cuidacoches.

Aunque la actual concesión del estacionamiento tarifado a la empresa Parxin fue iniciada durante la intendencia de Arnaldo Samaniego y decidida durante la breve gestión del intendente Omar Pico, le tocará al actual jefe comunal, Mario Ferreiro, afrontar las críticas negativas de los ciudadanos por el costo que va a generar. En realidad, Ferreiro tuvo oportunidad de replantear el tema ante los incumplimientos de la empresa, pero no lo hizo. Solo le queda la posibilidad de renegociar algunos ajustes que permitan reducir el impacto negativo, como el de conceder mayores beneficios a los contribuyentes de Asunción.

Lo cuestionable es que el sistema se implemente sin que existan alternativas de un mejor transporte público ni una mejor gestión en el arreglo de las calles. Y queda la sospecha de que se instalará nuevamente una modalidad puramente recaudadora, antes que brindar un mejor servicio a la ciudadanía.

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