“El control más efectivo es el de la competencia. Si hay una licitación todos los oferentes se controlan entre sí, para saber si todos tienen los antecedentes, buenos precios, etcétera. Acá la transparencia y control no existe porque la Fiuna contrata a la gente por cualquier canal, o le contrata a un docente por un extra, por demás de su salario, u otro profesional del sector privado directamente”, opinó.
“Cuando uno llama a una licitación, la institución pide que las empresas tengan x años de experiencia, profesionales con cierto tipo de currículum; sin embargo, acá no hay ningún tipo de control ni vara que te permita decir que los trabajos van a ser de calidad”, añadió.
“O se llama a una consultoría para contratar fiscalizadores para prestar un servicio, eso puede hacer la Fiuna por una licitación, o se llama a un concurso público de oposición para incorporar contratados para prestar servicios de fiscalización a terceros. Si no hubo concurso o licitación, está mal”, afirmó.
La Ley de Contrataciones Públicas señala como excepciones a la ley los casos de convenios, siempre y cuando la institución a cargo de los trabajos no tercerice las tareas. Esto es exactamente lo que hizo la Fiuna con Vallejos.
