Nos hemos habituado a ver en los diarios las fotos de las escuelas paraguayas que se caen.
Si mal de todos es consuelo de tontos, podríamos consolarnos con que también se caen en Reino Unido: en marzo de 2016, se cayó el frente de la escuela Oxgangs de Edimburgo. A causa del accidente, las autoridades inspeccionaron y cerraron otras diecisiete escuelas construidas por la misma empresa, Miller Construction, con el sistema de alianza público-privada o APP.
Aunque no haya llegado al Paraguay la Miller Construction, sí ha llegado la ley de alianza público-privada, muy peligrosa.
Cuando Los Perros Construction levanta una escuela y se cae, se le puede exigir indemnización.
Cuando la construye una multinacional con APP, ¿a quién reclamarle? La infractora puede pedir socorro a los tribunales internacionales, donde tiene mayores posibilidades de zafarse. Un contrato de APP, por otra parte, se negocia entre el Ejecutivo y la empresa en secreto; después el Ejecutivo podrá mostrar al Congreso y la opinión pública lo negociado, pero no todo: un pacto de esos puede tener “cláusulas confidenciales” que se ocultan (por ejemplo, cuánto le pagará a Itaipú la multinacional encargada de la tercerización de la electricidad).
Las APP tuvieron su gran momento en la década de 1990, cuando se suponía que los intereses de las empresas privadas coincidían con el interés público. En la década siguiente se vio que no era así, a causa de las estafas más grandes de la historia: Enron, Dot.Com, las maravillas financieras de 2008.
A partir de entonces, se comprende la verdad del refrán: lo que le conviene al gato no le conviene al ratón. Inglaterra, que en 2003 firmó sesenta contratos de APP, firmó solo ocho en 2014.
Una encuesta de 2016 mostró que el 68% de los ingleses pensaba que se los debía prohibir. Sadiq Khan, el intendente de Londres, dijo que los contratos de APP son una pesada piedra atada al cuello de los hospitales públicos. No está de más señalar que Khan es musulmán, lo cual habla a favor del sistema político del país.
La afirmación del intendente se apoya en estudios de entidades serias, incluyendo los de entidades gubernamentales, como la Comisión de Tesorería del Parlamento y la Comisión del Tesoro británico. Esos estudios mostraron que el Gobierno les pagaba a las empresas intereses del 8%, siendo que podía conseguir dinero al 3,5%; que las consultoras y estudios legales se llevaban el 10% del importe del capital invertido; que el proyecto podía “ampliarse” (aquí decimos “gastos complementarios”); que el capital podía provenir de dudosos fondos offshore y encima evadir impuestos.
Volviendo a los hospitales, como la construcción salía tan cara (el doble o más de lo que hubiera costado en otras circunstancias), se debió rebajar la calidad del servicio reduciendo personal. El campeón fue el Bartholomew’s Hospital, cuyo costo de construcción fue USD 1.400 millones, y terminará costando USD 9.100 millones.
Esto y más puede verse en el informe titulado La catástrofe de las asociaciones público-privadas (apps) británicas, puesto en internet por la oenegé Jubileedebt, que realiza una admirable labor en pro del interés público en este mundo globalizado y financiarizado. Si así defraudaron al Gobierno británico, ¡lo que van a defraudar al nuestro!
