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Editorial
miércoles 31 de agosto de 2016, 02:00

Es urgente un cambio radical para fortalecer al IPS

El Instituto de Previsión Social constituye una institución fundamental para el bienestar de las personas. Su cobertura debe aumentar hasta llegar a cada uno de los trabajadores que tienen el derecho de cotizar allí, así como la calidad de los servicios que presta. Ello requiere una acción decidida del Estado; sin embargo, pareciera que el Gobierno está haciendo todo lo necesario por generar una situación que, en lugar de impulsar el consenso social y el fortalecimiento institucional, propicie el rechazo, la disconformidad y la desconfianza. Si este Gobierno tiene realmente el objetivo de mejorar la calidad de vida de la población debe plantearse seriamente un cambio radical en sus acciones y sentarse a negociar la forma de fortalecer al IPS.

La seguridad social constituye uno de los principales mecanismos para reducir la vulnerabilidad de las personas, así como la pobreza y garantizar una vida digna en la vejez. Por un lado, permite acceder a servicios de salud en caso de enfermedad, sin necesidad de contar con recursos económicos adicionales. Por otro lado, el ahorro generado a lo largo de los años de trabajo da lugar a un retiro con dignidad y bienestar.

Cuantos más trabajadores estén en el sistema y más temprano se incorporen, mayor fortaleza tendrá, ya que el país aprovechará la oportunidad de tener muchos aportantes con una tasa relativamente baja de dependientes. Es parte de los beneficios que tiene un país en etapa de bono demográfico.

Durante las últimas semanas las señales que han estado dando las autoridades no han sido las más adecuadas si el objetivo es fortalecer al Instituto de Previsión Social y garantizar su sostenibilidad a largo plazo.

En lugar de plantear las reformas que sean necesarias para aumentar la eficiencia, el propio director de la institución propuso reducir los derechos y la entrada de nuevos aportantes, cuando lo que tiene que generar es mayores incentivos a la afiliación temprana, de manera a ampliar la contribución y dotarle de sostenibilidad.

Paralelamente, el Gobierno central propuso una nueva institucionalidad para la regulación de los recursos financieros que fue rechazada por los sectores aportantes.

Aun cuando fuese una propuesta racional, ya que permitirá mejorar los controles y el funcionamiento general del sistema jubilatorio y no solo del IPS, la desconfianza generada por este Gobierno no permitió acordar con los sectores involucrados.

La situación empeoró al promulgarse una nueva ley que permite el uso de los fondos jubilatorios para salud, que si bien puede ser una opción adecuada, lo óptimo hubiera sido que la institución demuestre que los recursos con que cuenta están bien utilizados.

Periódicamente la prensa expone situaciones irregulares que afectan a la previsional, desviando recursos que debieran ser utilizados en provecho de los asegurados hacia otros intereses.

Con el exceso de funcionarios, el ausentismo del personal de blanco, los sobrecostos de medicamentos, insumos y construcciones, la corrupción y el mal gerenciamiento, es casi obvio que los fondos para salud no alcanzarán.

Las autoridades de la institución deben asumir la responsabilidad que les fue conferida y realizar las reformas necesarias para mejorar los servicios a través de una mayor eficiencia, antes que apelar a más fondos que solo contribuirán a dar más respiro a la mala gestión actual.