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Editorial
martes 27 de junio de 2017, 02:00

Es peligrosa la intolerancia en el discurso de autoridades

Los discursos con tono de violencia verbal e intolerancia que priman en altas autoridades y dirigentes políticos, incluyendo al propio presidente de la República, resultan peligrosos porque amenazan quebrar aun más la convivencia democrática. De los líderes políticos, y en especial del jefe de Estado, se espera una actitud de estadista, que implica mantener mesura y equilibrio antes que insistir con un lenguaje de amedrentamiento, pidiendo llevar a prisión a ciudadanos o periodistas, prejuzgando hechos, cuando lo correcto es pedir que la Fiscalía y la Justicia investiguen y decidan con plena independencia. Ojalá los dirigentes tengan más calma y prudencia, para contribuir a la paz social.

Llama la atención y genera preocupación en la ciudadanía el tono cada vez más violento e intolerante al que recurren algunas altas autoridades y dirigentes políticos en sus discursos, incluyendo al propio presidente de la República, buscando probablemente polarizar los ánimos de cara a las próximas contiendas electorales.

Sin embargo, los dirigentes y en especial el jefe de Estado no deben olvidar que son, principalmente, altas autoridades nacionales y se espera de los mismos un comportamiento de estadistas, lo cual implica mantener en todo momento actitudes de mesura y equilibrio, que contribuyan a unir y no a dividir, que traigan paz y seguridad, antes que zozobra e intranquilidad.

Por ello resulta muy cuestionable el clima de ataques verbales, insultos y diatribas que últimamente priman en el ámbito político, entre referentes de distintos bandos partidarios, particularmente cuando son altos funcionarios del Estado, dirigentes con cargos en los poderes públicos o autoridades gubernamentales.

Particularmente preocupantes resultan las últimas intervenciones públicas del presidente de la República, Horacio Cartes, quien en más de una ocasión pidió la prisión de personas a las que se vincula con los hechos de violencia ocurridos el pasado 31 de marzo, cuando manifestaciones de protesta en el microcentro desembocaron en la quema del local del Congreso, además de otros trágicos acontecimientos, entre ellos la violenta represión policial y el inexplicable ataque de las fuerzas de seguridad al local de un partido político de oposición, donde un joven fue asesinado.

El tono exaltado del jefe de Estado pidiendo públicamente que vayan a la cárcel un joven acusado de supuestos hechos vandálicos en las manifestaciones de protesta, o dos periodistas que asumieron posturas críticas en la cobertura de la crisis política, no corresponde.

No es cualquier ciudadano el que está expresando tal deseo, sino el presidente de un país, a quien además se señala como el principal propulsor de un operativo para copar el manejo de los demás poderes del Estado.

En la práctica, el jefe de Estado está prejuzgando los hechos ocurridos, cuando lo correcto es pedir que la Fiscalía y la Justicia investiguen y decidan con plena independencia.

La violencia verbal y la intolerancia en los discursos son peligrosos, porque amenazan con quebrar aun más la convivencia democrática, en un momento de mucha crispación política.

Ojalá los dirigentes tengan más calma y prudencia, para contribuir a la paz social.