Cada vez que se aproximan los comicios municipales para elegir intendentes y concejales en los 250 municipios, se piensa en los atributos que debieran reunir los que van a estar al frente de los mismos por un lapso de cinco años.
La función principal de los gobiernos locales es liderar el progreso de ciudades y pueblos, logrando que la gente viva en una situación de mayor bienestar. Ello implica que las autoridades estén al servicio de las personas y no que el ejercicio del poder signifique para ellos obtener ventajas personales y apoyar solo a aquellos que comulgan con sus principios políticos.
Para desgracia del país y de cada una de las comunidades a las que les tocó y les toca padecer, los intendentes –ávidos de acrecentar su fortuna personal a cualquier precio e incapaces de ofrecerles calles y avenidas en buen estado, recolección de basura eficiente, transporte público digno, lugares de recreación limpios y seguros, parques y plazas limpios y otros servicios– han resultado un fraude.
El mal ejemplo más notorio en la actualidad, que refleja y sintetiza la actitud de los que están en deuda con sus electores, es el ex intendente de Lambaré, Roberto Cárdenas. Procesado por lesión de confianza en la caída del techo del noveno grado del Colegio Nacional de Lambaré, cuenta en su haber con otras irregularidades en el manejo administrativo de su Comuna.
Muchos otros intendentes no han ganado notoriedad pública, pero basta mirar el ruinoso estado en el que están dejando el territorio que estuvo a su cargo para conocer que los recursos provenientes de los royalties de Itaipú, el Fondo Nacional de Inversión Pública y Desarrollo (Fonacide) y los ingresos provenientes del cobro del impuesto inmobiliario del que a cada municipio –según el artículo 169 de la Constitución– le queda el 70 por ciento de las recaudaciones han sido mal empleados.
En medio de este cuadro de situación, en dos semanas más, se realizarán las elecciones municipales. Es la oportunidad que tiene el ciudadano de ejercer su poder y determinar el curso de la historia de sus distritos.
Hasta ahora, no todos los ciudadanos han utilizado esa capacidad para provocar un cambio positivo. Salvo contadas excepciones, la mayoría de los votantes han repetido elección tras elección la misma historia: llevar a la intendencia a incapaces y corruptos.
No ha servido de mucho que los medios de comunicación denunciaran el mal uso del dinero público ni otras irregularidades cometidas por los que atienden con preferencia sus intereses y los de su entorno político, olvidando que un gobierno local debe beneficiar a todos.
Soplan vientos de cambio. La Universidad Nacional de Asunción (UNA) es su evidencia. Es necesario llevar esa misma actitud a los municipios para provocar transformaciones favorables, demostrando que se tardó en aprender a usar el poder de las urnas, pero que finalmente la meta fue alcanzada.
