Algunas determinaciones adoptadas recientemente en el ámbito de la educación superior son alentadoras. Entre ellas, la decisión de la Universidad Católica de expulsar de su seno a más de 40 alumnos relacionados con el sonado caso de compra de notas en su Facultad de Derecho y desvincular laboralmente a ciertos empleados afectados a la cuestión.
También merece ser destacada la suspensión del registro de títulos de carreras de la salud por parte del Ministerio de Educación y Cultura (MEC), a raíz de la denuncia sobre compra de diplomas de Licenciatura en Enfermería; así como la intervención de la cuestionada Universidad Sudamericana por ofrecer carreras no habilitadas por parte del Consejo Nacional de Educación Superior (Cones).
Las medidas apuntan en la dirección correcta, pero son aún insuficientes. El panorama que el ámbito universitario presenta en la actualidad es tan vastamente desolador, que el orden solamente será restituido cuando las decisiones apunten a la implementación de un plan estratégico tendiente a depurar, definitiva y sistemáticamente, el corrupto esquema de mercantilismo que hoy por hoy existe en lo atinente a la educación superior.
Para lograrlo, cabe poner en práctica de manera inmediata las herramientas contempladas por el propio marco legal. En este sentido, deben aplicarse los incisos c, d, g, h y o del artículo 9º de la Ley 4995, que establece las funciones del Cones.
Dichos incisos contemplan atribuciones estratégicas que tienen mucho que ver con la superación del actual estado de cosas: dictaminar sobre creación y clausura de universidades, establecer criterios académicos que deberán reunir los currículos, intervenir las universidades e institutos superiores, así como clausurar las filiales y carreras de las universidades e institutos superiores, previa comprobación de irregularidades.
Por otra parte, es preciso cortar de una vez por todas el infamante cordón umbilical que permite al poder político ejercer presión o cualquier forma de incidencia en el ámbito de la educación superior, ya sea impidiendo que este tenga intervención en la creación de nuevas universidades y/o revisando aquellas instituciones que actualmente funcionan al amparo de ese esquema de habilitación de instituciones educativas.
Mientras esta situación no sea revertida, Paraguay mantendrá intacta la reputación de país corrupto y poco serio que, desgraciadamente, ostenta desde hace demasiado tiempo en el exterior. Pero, sobre todas las cosas, continuará exponiendo a su propia población a una educación mediocre que seguirá limitando seriamente su capacidad de pugnar con mínimas posibilidades de éxito en el competitivo mundo de la modernidad y la globalización.
Corresponde, pues, acabar con la corruptela en el sector de la educación superior profundizando el proceso de depuración que ha comenzado.
