Uno de los momentos cumbres de un sistema democrático es el que se da cuando los ciudadanos, sin manipulación alguna, llegan a las urnas para expresar su voluntad votando por los candidatos de su predilección.
Cualquier intervención para que esa libertad de expresión suprema sea modificada, coartada o direccionada es un atentado contra la democracia, pues los resultados no responderán a la genuina voluntad de las personas, sino de aquellos que se valen de mañas y artimañas –dinero de por medio o no–, para usurpar la decisión de la mayoría.
El voto libre es el que da legitimidad al poder. Si esa legitimidad de origen no se da, el que ejerce un cargo ganado por vía de maniobras ilícitas es, sencillamente, un usurpador porque, de haber habido una confrontación franca, leal y honesta, pudo haber estado otro en su lugar.
Por eso, todo Estado que quiera vivir de acuerdo a los dictados del Derecho y respetar las reglas democráticas tiene que garantizar a los ciudadanos que su decisión en las urnas sea respetada.
Si bien en nuestro país se avanzó notablemente en cuanto a madurez cívica para acudir pacíficamente a los lugares de votación y cumplir con lo que la Constitución establece como derecho, pero también como deber –artículo 118–, desde la concepción de que el voto “libre, universal y directo” es “la base del régimen democrático y representativo” y, por otra parte, en lo relacionado a rapidez en el conteo de votos, todavía tiene su punto débil en aquellos que se prestan a alterar los números violando el Código Electoral.
Prueba de ello es que el TSJE constató, a través del cruzamiento de datos, que en las internas de los partidos políticos tradicionales –el Liberal y el Colorado– del pasado 26 de julio para elegir candidatos a intendentes, concejales y autoridades partidarias –en el caso de la Asociación Nacional Republicana (ANR)– 2.652 personas votaron dos veces.
El TSJE, con muy buen criterio, derivó el caso a la Fiscalía para que se investigue. La pena para los que votaron más de una vez es de tres años de cárcel.
Es de esperar que el Ministerio Público, en representación de la sociedad, investigue a fondo a quienes se prestaron al juego perverso de sufragar en dos ocasiones. Además de los ya identificados por el TSJE, debe indagar también a instancias de quiénes y por qué razones actuaron de esa manera. Allí podrían aparecer otros delitos conexos a la duplicación del voto.
Es necesario castigar a los que fueren hallados culpables. La impunidad es lo que permite que los ilícitos electorales se reproduzcan en los comicios. Si no hay sanción, los distorsionadores de la voluntad popular seguirán pervirtiendo el instrumento democrático por excelencia que es el voto.
