Cuando el MOPC convoca a licitación para la construcción de una ruta –de cualquier obra pública, por extensión–, debe garantizar a la ciudadanía que su dinero será empleado en una obra que ofrecerá un servicio eficiente a sus usuarios.
Se supone que cuando una empresa vial es contratada, licitación mediante, ofrece garantía suficiente de experiencia en el trabajo a realizar y que, por lo tanto, cumplirá a rajatabla con las indicaciones técnicas detalladas en el pliego del llamado a competir con otros oferentes.
Todo contrato prevé formas de fiscalización a cargo del contratante. Ello implica que los ingenieros a cargo de esa tarea no pueden aprobar los tramos donde la estructura de la obra carece de la solvencia necesaria como para durar al menos 20 años, luego de ser entregada oficialmente.
En torno a la ruta Concepción-Vallemí, de 170 kilómetros, con un costo de 439 mil millones de guaraníes, en el primer departamento, hay mucha expectativa y ansiedad, ya que significará el fin de la situación de aislamiento y marginación en que han estado sumidas varias poblaciones de la región durante muchos años, y permitirá que se puedan convertirse en un activo polo de desarrollo regional.
Por ello, la aparición de varios baches en algunos de los segmentos de su tercer tramo, de 58 kilómetros de longitud, adjudicado al Consorcio Benito Roggio e Hijos, constituye una prematura decepción para los que cifran sus esperanzas en ese asfaltado tan largamente esperado.
Tienen mucha razón las autoridades municipales de la ciudad de San Lázaro cuando expresan su preocupación con respecto al presente y al futuro de esta obra vial.
Si ahora, antes de su conclusión, ya presenta problemas de consistencia que todavía pueden ser resueltos por un bacheo, ¿qué va a ocurrir después de que la carretera sea entregada oficialmente?
Bien se sabe que un agujero en la ruta se amplía con el paso de vehículos y puede constituir un peligro mortal.
Lo que corresponde es que el MOPC, en su rol de guardián de los intereses colectivos, a través de sus fiscalizadores –que por lo visto estuvieron haciendo la vista gorda en este caso– identifique los deterioros de la capa asfáltica y obligue a la contratista a reconstruir la base mal hecha.
La respuesta a esta situación tiene que ser hoy.
Mañana será tarde.
El MOPC debe evitar –y dispone de los medios para ello– que los pobladores de Concepción, y por consiguiente el país, sean estafados.
Una ruta que se deteriora antes incluso de que la obra esté concluida y entregada, más que una solución, constituye otro problema. Y eso es inadmisible.
