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jueves 28 de julio de 2016, 01:00

Es insostenible un defensor con el mandato vencido

Ahora que la propia Contraloría ha confirmado el manejo irregular del dinero público en la Defensoría del Pueblo, tras denuncias periodísticas de ÚH, ya se vuelve insostenible la permanencia de un defensor con más de 8 años de mandato vencido. La situación es una total ilegalidad, mantenida por la incapacidad de los legisladores de dejar de lado sus intereses sectarios, para favorecer las necesidades de la ciudadanía. Los parlamentarios colorados, que son los que más obstáculos ponen, deberían ser los principales interesados en renovar este cargo, ya que es su correligionario el responsable de la marcha irregular de una institución clave.

Varias denuncias periodísticas publicadas por ÚLTIMA HORA en octubre de 2015, revelando que el defensor del Pueblo, Manuel María Páez Monges, había utilizado irregularmente los fondos de la institución, han sido plenamente confirmadas ahora por la Contraloría, durante una auditoría realizada.

Entre los casos denunciados, consta que se habían hecho llamativos pagos de millonarias bonificaciones a algunos funcionarios, que con ese dinero debían adquirir equipos informáticos de un mismo local comercial, los que luego debían donar a la institución.

Se comprobó además que se utilizaron bonificaciones y gratificaciones para pagar el alquiler de locales de la Defensoría en ciudades como Luque y Areguá.

Igualmente, la Contraloría detectó que el defensor autorizó pagos de salarios a un grupo de funcionarios, pese a no contar con el registro de marcación de entrada y salida de los mismos.

Estas prácticas, entre otras más comprobadas por la auditoría, vuelven aún más insostenible la permanencia en el cargo del defensor del Pueblo, quien se mantiene con mandato vencido desde el 2008, cuando debió ser sustituido. Sin embargo, ante la imposibilidad de que los sectores políticos representados en el Parlamento se puedan poner de acuerdo en las ternas de candidatos presentados, se dejó que las cosas sigan así como estaban, quitándole legitimación a una figura constitucional que es clave para controlar los abusos del poder y proteger a los ciudadanos.

La raíz de esta situación obedece a que los partidos y sectores políticos con representación parlamentaria, en lugar defender los intereses del pueblo, solo piensan en su conveniencia política. Así, el oficialismo colorado prefiere que siga en el cargo un funcionario con mandato vencido y con graves denuncias de irregularidades, antes que aceptar a un nuevo defensor que no sea un títere del Gobierno.

Igualmente, los legisladores de la oposición buscan poner a alguien que responda a su opción política, en lugar de hacer primar criterios como la solvencia moral, la honorabilidad, la experiencia y la capacidad.

Los parlamentarios colorados deberían ser los principales interesados en renovar cuanto antes este cargo, ya que es su correligionario el principal causante de la marcha irregular en que ha caído la Defensoría, pero la urgente y necesaria institucionalización es una responsabilidad de todos los legisladores. La ciudadanía, siempre vulnerable ante los abusos, no puede seguir esperando.