Se está repitiendo el hecho de que legisladores que están en la mira de la Justicia por presuntos delitos cometidos y revelados por investigaciones periodísticas o denuncias judiciales, se presenten ante la instancias judiciales a admitir su culpabilidad y proponer arreglos para pedir la suspensión condicional del procedimiento, tratando de evitar de este modo ir a un juicio oral.
Un episodio muy cuestionado fue el protagonizado por el diputado colorado José María Ibáñez, quien había sido denunciado en algunos reportajes de investigación por haber incluido como presuntos trabajadores del Congreso a los caseros de su quinta particular en Areguá, pagándoles de ese modo sus salarios con dinero público, y quedándose con una parte del dinero percibido.
Para evitar ir a juicio oral, el diputado Ibáñez aceptó haber cometido el hecho ilícito del cual se lo acusa y ofreció reparar el daño patrimonial que causó al Estado, por un valor de 30 millones de guaraníes, y donar 200 millones de guaraníes a hospitales públicos, pidiendo a cambio la suspensión condicional del procedimiento. En este caso la fiscala de la causa, Victoria Acuña, se opuso a la maniobra, con lo cual el proceso prosigue, aunque con muchas dilaciones y la audiencia preliminar aún está pendiente.
Ahora, otro diputado colorado, Carlos Núñez Salinas, admitió ante el juez Humberto Otazú los cargos de contrabando y documentos no auténticos por un hecho ocurrido en 2013, en que la propia Dirección Nacional de Aduanas lo acusó de haber emitido desde su empresa Intercom Ingeniería SA una factura por 17.600 dólares en concepto de importación de 111 ruteadores, cuando en realidad la carga era de decodificadores de televisión, valuados en 1.026.000 dólares. En este caso, el fiscal Martín Cabrera avaló la maniobra, que sin embargo fue rechazada por el juez.
El diputado Núñez Salinas también ofreció donar 30 millones de guaraníes al Hospital de Niños Acosta Ñu, como si eso pudiera borrar la responsabilidad en el delito del cual se lo acusa.
Ver a los legisladores admitir tranquilamente haber delinquido y pretender zafar de la Justicia mediante maniobras o chicanas jurídicas, o amparados en sus fueros, para seguir ejerciendo sus funciones y disfrutar de sus muchos privilegios, es un hecho indignante que se constituye en una afrenta a los valores republicanos.
En una democracia fortalecida los ciudadanos comprometidos con este régimen no dudarían en hacer sentir su voz de protesta, y en exigir que sus representantes complicados en hechos delictivos se sometan a la Justicia, sin privilegios, y que sean apartados de sus funciones legislativas. Y es que consagrar la impunidad solo ayuda a deteriorar aún más la imagen de las instituciones y a destruir el régimen democrático.