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Opinión
jueves 16 de junio de 2016, 01:00

Entre Curuguaty y la narcopolítica

Por Miguel H. López – En TW: @miguelhache
Por Miguel H. Lopez

La política de los malos políticos marca nuestra vida nacional de las formas más trágicas y perversas. Por estos días se definirá la suerte –cantada– de 11 compatriotas en la causa de la masacre en Curuguaty –un juicio ignominioso y lleno de falsedades–, y ayer, el Congreso eligió su conducción para el siguiente periodo de un año y entronizó, como no es de sorprenderse, a los sospechados de nadar en las corrientes de la narcopolítica.

En ambos casos, el denominador común es el mismo: el poder, la política y el narcotráfico. Un poco más o un poco menos, pero esos condimentos están, estuvieron y seguirán estando en la escena, aunque muchos quieran negarlo o justificarlo.

El caso Curuguaty viene de hace cuatro años en medio de mentiras y falsedades desde la Fiscalía y la propia Justicia. Ineptitud, perversión y engaños son la constante. Los argumentos judiciales no se sustentan en hechos verificables ni pruebas concretas, reales y fehacientes ni en testimonios claros y sin contradicciones. Todo tiene la trama de un gran montaje. Cada vez cobran más solidez las denuncias de las organizaciones que reclaman juicio justo y que indican la existencia de una acción orquestada desde el inicio para derrumbar a un gobierno constitucional y tratar de sostener hasta el final la farsa de fiscales de bajo y pobre desempeño y de prepotente actitud contra cualquier rigor científico y profesional.

Los 11 campesinos recibirán condena. De ellos los que serán usados como chivo expiatorio serán Rubén Villalba y Luis Olmedo. Los demás tendrán posiblemente tratamientos dispares de atenuantes y algunos etcéteras para zafar la ineptitud del Ministerio Público.

La verdad, en ningún caso hay pruebas. Si las hubiera ya las habrían exhibido en estos cuatro años. No las tienen y si ahora las dicen tener, son sencillamente fabricadas. Este es un claro caso que terminará en tribunales internacionales con altos costos para el Estado, es decir, la población, y no para los fiscales y jueces que faltaron a líneas básicas del debido proceso.

En paralelo, en el Senado –dentro de una perversa lógica de anticartismo–, la cabeza de uno de los poderes políticos más poderosos (me admiten la redundancia) está ocupada –en su mayoría– por personas sospechadas de vinculaciones con el narcotráfico y otros entuertos. Tanto el progresismo (mal llamado izquierda) y la derecha variopinta están atrás. No digo que pongan a un cartista, que sería lo peor, pero tampoco una línea espuria como la de ahora.

La situación describe un claro mapa de en dónde estamos anclados, o estancados o hundiéndonos de a poco...