La UNA está en el punto exacto en el que una decisión puede determinar si cae por el despeñadero o se refunda para convertirse en la universidad democrática, comprometida con la sociedad, de acceso irrestricto y de calidad científica que se requiere.
La toma universitaria que empezó un mes atrás como reacción a la escandalosa corrupción financiera y ética de la principal universidad pública desencadenó una crisis que no se resolverá sin que todas las partes se sienten a replantear el modelo.
El viejo esquema representado por el renunciado rector y hoy preso, Froilán Peralta, y su Consejo Superior Universitario, que incluye a todos los decanos y sus consejos directivos, no deberá sobrevivir si es que existe la voluntad genuina de dar un paso adelante en la recuperación o reconstrucción de la UNA.
Lo que hoy existe es una universidad atravesada por el latrocinio, el autoritarismo y el malevaje de cuello blanco. Tantos años de autoridades sin sentido ético de la gestión pública y menos de la gestión universitaria –que incluye lo administrativo, lo pedagógico y académico– produjeron lo que hoy se está desbordando por tanta basura que fue escondida bajo la alfombra.
Históricamente la universidad pública es el bastión de la libertad, la soberanía y la autonomía. El espacio de la pluralidad, la defensa de los DDHH y las garantías democráticas. El lugar en donde se construye el conocimiento y se solidifican los principios éticos y de honestidad intelectual y profesional. El escenario natural del pensamiento y la ciencia. La caldera donde se misturan saber y compromiso para mejorar la sociedad y superar sus necesidades. El semillero de líderes en los diversos campos, incluyendo la política. La UNA dejó de tener estas características hace más de dos décadas y entró en su peor etapa en los últimos años. Rectores como Luis H. Berganza, Dionisio González Torres, Pedro González y Froilán Peralta no estuvieron a la altura de lo que la historia exigía. Se convirtieron en fantoches del partido de turno y operaron de modo mendaz para vaciar no solo de recursos y contenido la UNA, sino también de principios y sentido de compromiso.
Y produjeron un Estatuto que institucionalizó el esquema para perpetrar arbitrariedades, malversar, repartir canonjías y avalar abusos diversos. No es que la Ley 1291 que modificó la Carta Orgánica de 1956 haya sido buena. Solo que la actual es una rémora en gran medida de las veleidades stronistas; y su cambio se vuelve ineludible.
Hoy se anuncia la asamblea universitaria para elegir rector y vice, en medio de una crisis en ciernes y la amenaza de intervención del Cones. De producirse esto sin iniciar un proceso serio de discusión para transformar la UNA se perderá la oportunidad histórica de recuperar la dignidad y el valor en uno de los principales lugares donde se invierte el dinero de la gente para intentar sacar al país del lodo.
