SANTA RITA
Algunos pobladores movilizados para exigir el esclarecimiento de varios crímenes registrados desde hace algunos años en Santa Rita denunciaron haber recibido amenazas para no participar de una marcha realizada ayer frente a la sede del Ministerio Público en Santa Rita.
El concejal liberal Luis Zelaya dijo que le “sugirieron” no participar de las reuniones, mientras que la licenciada Norma Vargas refirió que le advirtieron que no encontraría más trabajo en Santa Rita.
“Ayer (martes) me mandaron decir a través de mi hermano que no participe en esta marcha. Tengo muy bien identificado de dónde viene la amenaza; son del sector de la Policía, gente que no quiere que se aclaren estos casos”, afirmó ayer el concejal, quien sostuvo que si algo le pasaba a él o a su familia, ya sabía de dónde provenía.
Zelaya afirmó que reside en el mismo barrio de Carlos Ibáñez, quien era presidente de la Comisión de Seguridad del barrio América y fue asesinado por sicarios frente a su domicilio el 19 de febrero pasado.
“Nosotros estamos exigiendo el esclarecimiento de estos hechos, porque desde que le mataron a Ibáñez, quien quiso limpiar el barrio de la delincuencia, nadie más se animó a hablar”, relató el concejal. “El cuerpo de esa joven, Jennifer, fue tirado frente a mi casa”, agregó.
REPRESALIA. “Me enviaron un mensaje diciendo que no iba a conseguir más trabajo en Santa Rita. Que estoy quemando mi imagen por haber organizado esta marcha, para exigir justicia para las víctimas. Mañana podremos ser nosotros si nos callamos”, sostuvo por su parte Vargas.
Los manifestantes marcharon desde la Terminal de Omnibus hasta la sede del Ministerio Público, donde denunciaron que los casos de crímenes registrados en la zona son investigados en forma desprolija por los agentes fiscales, Eduardo Cazenave y Erico Ávalos. Pidieron el cambio de los mismos. “Ya no queremos fiscales turistas”, rezaba uno de los carteles. Los moradores denunciaron que ellos no se quedan en Santa Rita durante los fines de semana, pese a que reciben millones de guaraníes como salario.
El detonante fue la investigación a los tumbos del homicidio de Jessica Lovatto, registrado el domingo 8 de mayo pasado. La familia de la víctima no participó de las movilizaciones.