De acuerdo con la fuente, que pidió el anonimato, el tribunal especializado de instrucción que conoce el caso otorgó la libertad condicional a Mijango porque padece de una “enfermedad renal, hipertensión, síndrome metabólico y asma”.
Añadió que el juzgado conminó al también exdiputado y excomandante guerrillero a “no cambiar de domicilio, no salir del país, no reunirse con pandilleros” o tener comunicaciones con estos, y a presentarse en sede judicial “cada dos viernes”.
“Si él incumple estas medidas, se va a revocar la libertad condicional y se le va a apresar”, señaló la fuente, que agregó que la Fiscalía “tiene derecho a presentar un recurso de revocatoria” para anular la decisión judicial.
Medios locales difundieron este martes imágenes de Mijango a su salida anoche de los calabozos de la División Antinarcóticos, en las que las que pide que se “despolitice” el caso.
La fuente oficial asimismo confirmó este martes a Efe la liberación, en una fecha que no precisó, del exdirector de la cárcel de Izalco (oeste) Juan José Zepeda Mejía, quien “presentó una serie de documentos que comprueban que él no podría escapar”.
Zepeda debe someterse a los mismos parámetros que Mijango para ser procesado en libertad.
Mijango y Zepeda se suman a Luis Alonso Aguilar Marín, un policía que también había sido detenido por el caso de la tregua pero fue liberado días atrás.
El pasado 3 de mayo Mijango, Zepeda, Aguilar y otras 15 personas, entre ellas jefes policiales, militares y funcionarios de prisiones, fueron detenidas y acusadas de agrupaciones ilícitas, tráfico de objetos prohibidos al interior de las cárceles, actos arbitrarios, incumplimiento de deberes y falsedad ideológica.
Estas 15 personas “mantienen la detención provisional”, aseguró la fuente consultada este martes por Efe.
Según la Fiscalía, Mijango encabezaba una estructura que otorgaba prebendas a los líderes de pandillas encarcelados a cambio de disminuir los asesinatos con la venia del Gobierno de Mauricio Funes (2009-2014).
Funes ha negado en diversas ocasiones que su administración negoció con dichas estructuras y ha sostenido que solo le dio “seguimiento” por la baja en los asesinatos que la tregua generó.
De acuerdo con cifras oficiales, los asesinatos en el período que duró la tregua pasaron de 15 a cinco diarios.
El fiscal general salvadoreño, Douglas Meléndez, aseguró a inicios de este mayo que “hemos recopilado información suficiente que nos lleva a determinar que se cometieron diversos delitos en el marco de la tregua”.
La única persona juzgada y condenada por participar en la tregua es el sacerdote español Antonio Rodríguez, condenado en 2014 a dos años y medio de prisión, los que cumple en libertad condicional, por ayudar a pandilleros a introducir objetos ilícitos a prisiones.
