En mayo de 2016, luego de que una movilización de estudiantes secundarios causó la renuncia de la entonces ministra de Educación, Marta Lafuente, su sucesor, Enrique Riera, se reunió con los jóvenes y con el presidente de la República, Horacio Cartes, oportunidad en que anunció un plan de “emergencia educativa” y prometió solucionar muchos de los principales problemas en el ámbito de su gestión, principalmente la grave situación de los edificios de escuelas y colegios que se estaban derrumbando.
Nueve meses después y a apenas 15 días de la fecha marcada para el inicio de clases, el ministro Riera solo pudo mejorar un colegio emblemático de los muchos que necesitan ser reparados. Se trata del Colegio Nuestra Señora de la Asunción, en la capital, en donde el derrumbe de una de las aulas encendió la mecha de la revuelta estudiantil que causó la renuncia de Lafuente y su sustitución por Riera.
A nivel nacional, el panorama sigue siendo grave. De 7.500 establecimientos educativos, 3.900 se encuentran en condición crítica, de los cuales 2.581 están en alerta roja, según los propios datos que maneja el Ministerio de Educación, y el propio ministro Riera tuvo que reconocer que, debido al riesgo de derrumbe de muchos locales, los chicos deberán iniciar las clases bajo tinglados o en iglesias, o recurriendo a las carpas de las aulas móviles.
El panorama se agrava aun más con los datos del estudio Perfiles de la exclusión educativa en el Paraguay, elaborado por el Instituto para el Desarrollo (ID) para la Unicef, en el que se sostiene que unos 150.000 escolares, en toda la República, corren el riesgo de desertar del sistema en este 2017, debido principalmente a las condiciones de pobreza.
Otro punto que se arrastra como déficit es el incumplimiento de la promesa de invertir en cursos de actualización curricular o pedagógica y hasta especializaciones de posgrado para los docentes. Algunos de los cursos prometidos por el MEC para 3.600 maestros fueron recientemente suspendidos por “dificultades financieras” de las universidades ante el veto presupuestario y de los demás aún no hay confirmación acerca de si se llevarán a cabo.
La situación se vuelve más compleja ante el anuncio de la huelga docente anunciada para los dos primeros días de inicio de clases, en reclamo de mayor incremento salarial. El Gobierno ofrece un ajuste del 7,7% solo para maestros y funcionarios que cobren aún menos del salario mínimo, pero los docentes reclaman incrementos de entre el 10% y 15% para todo el magisterio.
El panorama que se vive actualmente demuestra que, a pesar de los hermosos discursos del ministro Riera, la educación no es prioridad para el Gobierno. Y ya se sabe: un país que no invierte más en educación está condenado a seguir en el atraso.
