“Se evidenció que la Caja de Préstamos del Ministerio de Defensa realizó pagos en forma indebida imputados al objeto 113 “Gastos de Representación” por valor de G. 147.371.900, sin observar lo establecido en el artículo 11 de la Ley Nº 646/77, modificada por la Ley Nº 2199/03, que establece que los miembros titulares del Consejo “desempeñarán sus cargos ad honórem”, reza el informe de la Contraloría.
En la nómina de principales autoridades que desglosa el propio informe de la CGR figuran el general de brigada Carlos Daniel Melgarejo como presidente desde el 18 de noviembre del 2014 hasta el 18 de noviembre del 2015, reemplazado por el general de brigada Timoteo González.
También fue cuestionado el hecho de que no se presentaron documentos en los legajos de gastos de sueldos, gastos de representación, bonificaciones y gratificaciones, y jornales, según disponen las resoluciones de la CGR.
más hallazgos. Otros puntos señalados por la CGR a la entidad tienen que ver con pagos a funcionarios que no cuentan con el perfil para ocupar ciertos cargos, que suman el total de G. 99.736.800.
“Se determinó que la CPMDN pagó a varios funcionarios, en el objeto de gasto 111 “Sueldos”, el importe de G. 99.736.800, sin que estos reúnan el perfil de educación formal exigido para ocupar los cargos de jefe de la Sección de Recuperación de Créditos (María Perla Arriola Arce), jefe del Departamento de Contabilidad (Edith Teonilda Eberts Caballero), jefe de División de Atención al Beneficiario y jefe de la Sección de Control de Contrato, según dispone el Manual de Organización y Funciones, aprobado en la Resolución 59/12 del Consejo Directivo”, detalla el informe.
La auditoría también señala que detectó que al personal militar asignado y al personal permanente de la CPMDN no se le aplicaron las deducciones destinadas al Fondo de Jubilaciones en los pagos imputados para “Bonificación por responsabilidad en el cargo”, “Bonificación por responsabilidad”, “Bonificación por grado académico” y “Gratificaciones ocasionales”. Tampoco se realizó la retención de IVA al personal contratado, según indica el informe.