“Es cierto que la empresa no participó en las negociaciones (...) pero según la información que manejamos estaba anuente a la opción de colocar sus acciones en un fideicomiso, lo que respeta la seguridad jurídica de Genisa como propietaria”, indicó hoy la asociación de empresarios en un comunicado.
El Gobierno panameño acordó el lunes con los líderes indígenas de la comarca Ngäbe Buglé, en el noroeste del país, poner a funcionar la hidroeléctrica de Barro Blanco, cuyas obras se paralizaron en febrero de 2015, pero otorgarle la operación de la misma a un “tercero independiente”, aún por determinar, y no a la empresa Generadora del Istmo S.A. (Genisa), que ganó la concesión en 2007.
El acuerdo, fruto de año y medio de conversaciones en una mesa de dialogo instalada por el Gobierno en la que no estuvo Genisa, contempla traspasar las acciones de la compañía a un fideicomiso.
Esta medida, en opinión del presidente de los empresarios, Jorge García Icaza, “garantiza que se paguen los gastos operativos de la empresa, los intereses de la deuda y los abonos a capital antes que los accionistas vean su inversión”.
Según el empresario, Genisa había “aceptado” el acuerdo de ante mano, a pesar de que la compañía de capital centroamericano negó ayer conocerlo y pidió respetar la seguridad de su inversión.
El acuerdo, indicó el miércoles Genisa, “contiene cláusulas que claramente vulneran y menoscaban nuestros derechos bajo el contrato de concesión para la construcción y explotación de una central hidroeléctrica construida en tierras de propiedad privada de Genisa y que está ubicada fuera de la comarca Ngäbe Buglé”.
“Hacemos un llamado a la cordura y al diálogo entre las partes para culminar esta serie de reclamaciones y descalificaciones que genera mayor conflicto”, pidió por su parte el gremio empresarial.
En el acuerdo, el Gobierno se comprometió asimismo a crear un fideicomiso con el 15 % de los ingresos brutos que genere el proyecto hidroeléctrico para el desarrollo de las áreas indígenas aledañas.
“Esperamos que la inversión pública anual de cerca de 3 millones de dólares que se hará en las comunidades alrededor de la presa sean bien invertidos, para mejorar la calidad de vida de esta población”, instó el presidente de la CCIAP.
Las obras de Barro Blanco se paralizaron hace un año y medio por supuestas negligencias medioambientales cometidas por la contratista, que fue incluso multada por el Gobierno, y por el fuerte rechazo que despertaban entra la comunidad indígena cercana.
Barro Blanco, que comenzó a construirse en 2011 y registra en la actualidad un avance de 95 %, está financiada por bancos europeos y multilaterales y proyecta generar 28,56 megavatios, cerca de 2 % de la capacidad instalada del país.
