Así se expresa en comunicados que ambos sectores dieron a conocer luego de una reunión realizada en la Unión Industrial Paraguaya (UIP), en los que se detallan argumentos en contra de la resolución 119/2017 de la Subsecretaría de Estado de Tributación (SET), que dispone las retenciones. Entre los argumentos se pide primero un análisis del impacto que tendrá la medida.
Las centrales sindicales CUT, CNT, CGT y CPT expresaron en el comunicado difundido que “no podemos ser cómplices y homologar la violación de los principios legales y acompañar procedimientos que riñen con el ordenamiento jurídico de nuestro país, y permitiendo de esta manera que el Estado se convierta en transgresor de la norma”, según el escrito que, en realidad, se firmará hoy entre todas las centrales, porque más que nada el documento emanó de la CUT, de acuerdo con precisiones de Víctor Insfrán, representante de esta última.
“Los gremios sindicales también irán haciendo firmar a los afiliados la intención para presentar una acción de inconstitucionalidad contra la normativa que pretende entrar en vigencia el 1 de setiembre”, sostuvo.
La SET había autorizado a las empresas a descontar el 0,5% del salario de los empleados que tengan un ingreso de G. 10 millones o más, en concepto de adelanto.
Según la Feprinco, la solicitud a la ministra de Hacienda, Lea Giménez, para que se difiera la vigencia de la resolución 119 de la SET está motivada por dictámenes unánimes de abogados que ubican a la normativa como atentatoria a lo establecido por el Código del Trabajo, “y por tanto el Poder Ejecutivo y la SET no tienen facultades para exigir las retenciones del salario de los trabajadores, debido a que dichos entes carecen de legitimidad conforme a las leyes tributarias y lo dispuesto en el artículo 137 de la Constitución Nacional”.
Por su parte, los sindicalistas enfatizan en que las retenciones se aplican teniendo en cuenta los resultados de ejercicios anteriores; y que el presente caso no existe el resultado anterior, mientras que se utiliza un solo elemento: percibir más de G. 10 millones. En la práctica –señalan– esto implica la creación de un nuevo impuesto a los salarios.
Por ello, avizoran una mayor informalidad, porque se podría buscar acuerdos en negro entre trabajador y empleador.