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Nacional
jueves 8 de septiembre de 2016, 09:04

Emergencia educativa: Que estudiantes decidan "es un mal chiste", sostiene diputado

Según el diputado Édgar Acosta, tratar la crisis educativa mediante una ley de emergencia educativa no es "muy confiable" e incluso no es la solución. Aseguró que la intención de aprobar tal normativa puede generar que se malgaste el dinero público. Además, dice no estar a favor de que los alumnos tomen decisiones.
Acosta ve con "ojos de preocupación" la situación de emergencia en educación, debido a que una ley en este caso podría potenciar que "autoridades se aprovechen", entendiendo que se pueden aflojar los controles, dijo.

"No quiero que con el objetivo de hacerlo más rápido (solucionar el problema de infraestructura de las escuelas) se use mal el dinero público. En algún momento alguien de la cadena va a utilizar mal el dinero", refirió el legislador en contacto con la 970 AM.

Luego de mostrarse en contra de una normativa de "emergencia educativa", afirmó que los secundarios no deberían de tomar las decisiones en este tema.

"Me parece bien que los estudiantes estén informados, pero que ellos tengan que tomar decisiones me parece un mal chiste", sentenció.

Dijo que en su momento se acercó a las autoridades pertinentes para solicitar que los controles se intensifiquen. Acosta sostiene que una vez que se declare emergencia se "aflojarán" los controles y "muchos van a tener ventajas ahí".

"Acá la emergencia no es emergencia", denunció finalmente.

ANTECEDENTE

Este miércoles, la Cámara de Diputados decidió finalmente aplazar por 15 días más el tratamiento del proyecto de ley que declara en emergencia la infraestructura de las instituciones educativas del país.

Fue el legislador colorado Néstor Ferrer quien solicitó el aplazamiento, que obtuvo el apoyo mayoritario de sus colegas. Esto fue decidido sin mencionar ningún solo motivo.

El documento había surgido en la Cámara Baja, pero en el Senado cambiaron la orientación del proyecto, lo que impediría la utilización directa de los recursos financieros para las refacciones de las instituciones educativas.

El proyecto original plantea flexibilizar las contrataciones para la reparación de escuelas.